Se prevé que Julian Assange, de 49 años, se persone ante el tribunal penal londinense de Old Bailey desde el centro de alta seguridad de Belmarsh, donde sigue en prisión preventiva después de que en marzo la jueza Vanessa Baraitser le denegara la libertad condicional por mala salud, al considerar que presenta riesgo de fuga.
El proceso, que empezó el 24 de febrero e iba a continuar en mayo, quedó pospuesto hasta ahora por la pandemia, periodo durante el cual el australiano ha tenido dificultades para comunicarse con sus abogados, según ha denunciado su pareja y madre de dos de sus hijos, Stella Moris.
En junio, la Justicia estadounidense -representada en el Reino Unido por la fiscal Clair Dobbin, entre otros- emitió por sorpresa un nuevo auto de procesamiento, donde, si bien mantiene los cargos iniciales, amplía el alcance de varios de ellos y las pruebas que los sustentan.
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Al formalizar en agosto una segunda petición de extradición en base a ese auto, Dobbin indicó que el delito de intrusión abarcará no solo los tratos en 2010 con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning), sino también con otras personas con las que Assange habría conspirado entre 2009 y 2015 para publicar información clasificada en su portal digital.Según fuentes cercanas al caso, esto podría estar destinado a aumentar las probabilidades de extradición por ese delito si, como quiere la defensa, el tribunal finalmente desestima las alegaciones relativas a Manning.
En la sesión del lunes, es posible que el fundador de Wikileaks, imputado inicialmente por Washington en abril de 2019, vuelva a ser “detenido” formalmente en virtud de esa nueva solicitud de arresto y entrega.
Evitar postergación
Aunque la defensa, encabezada por Edward Fitzgerald y Mark Summers, criticó el tardío auto, ha aceptado seguir con el proceso en septiembre sin pedir prórroga, para evitar, entre otras cosas, que quedara postergado hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
Después de que en febrero Assange rechazara su extradición, estaba programado que en las próximas tres a cuatro semanas su equipo legal llamara a declarar a varios testigos, entre ellos el académico estadounidense Noam Chomsky o el abogado español Aitor Martínez.
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Al rebatir la entrega al principio del juicio, Fitzgerald argumentó que los cargos de espionaje y fraude informático por las revelaciones de WikiLeaks en 2010 tienen “motivaciones políticas”, y sostuvo que su cliente no afrontará “un juicio justo” en EEUU, además de que presenta “riesgo de suicidio”.
Adujo que la solicitud de la Justicia estadounidense es “un abuso de proceso”, dado que ignora la cláusula en el tratado extraditorio bilateral que prohíbe las entregas por “delitos políticos”.
Señaló que EEUU reabrió el caso en 2017 después de que el Gobierno de Barack Obama decidiera no imputar al periodista por el precedente que sentaría para la libertad de prensa y añadió que su cliente fue espiado a petición de Washington por una empresa española cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Fiscal: “Asunto de pura criminalidad”
A su vez, el fiscal James Lewis negó que las imputaciones contra el antiguo “hacker” tengan connotaciones políticas y aseguró que es un asunto de “pura criminalidad”.
Lejos de requerirle por su labor periodística, como alega la defensa, se le busca por “alentar y ayudar” a Manning a extraer ilegalmente información secreta de ordenadores oficiales y difundirla después en WikiLeaks, mantuvo.
EEUU aspira a procesar a Assange por 17 delitos al amparo de su ley de espionaje, y uno por la ley de fraude y abuso informático por la difusión, principalmente en 2010 y 2011, en colaboración con varios periódicos, de registros militares y otros documentos confidenciales.
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Las revelaciones expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.
Arrestado inicialmente en 2010 en Londres a instancias de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado casi una década confinado en el Reino Unido, primero bajo arresto domiciliario y en la embajada de Ecuador de 2012 a 2019 (cuando Quito le retiró el asilo político), y ahora en Belmarsh, a la espera de que se resuelva este proceso.
