Bernardo Villalba Ayala, jefe comunal de Concepción, afirmó que hasta el momento no ha recibido denuncias por parte de intendentes del primer departamento sobre irregularidades en la distribución de alimentos ni sobre el estado de los productos entregados a los estudiantes en el programa Hambre Cero.
“Dentro del distrito de Concepción y como presidente del Consejo de Intendentes no he recibido ninguna sola queja ni denuncia de mis colegas sobre falta de distribución o mala calidad de los alimentos”, señaló.
Agregó que tampoco en el Municipio de Concepción se registraron reclamos relacionados con el servicio que se brinda en los 14 distritos del departamento.
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El intendente sostuvo que decisiones de esta magnitud deberían tomarse tras un análisis profundo y no de forma apresurada. A su criterio, centralizar el sistema en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) representaría un retroceso para el país. “Nunca la solución será volver al atraso y a un sistema donde tengamos que golpear las puertas de Asunción para conseguir algo. La descentralización es el camino hacia la modernización y el desarrollo regional”, expresó.
Sin embargo, el proyecto original de Hambre Cero buscaba la centralización de los recursos ante como lo había calificado el propio presidente Santiago Peña, el fracaso del Fonacide a cargo de las municipalidades y gobernaciones.
El programa de alimentación escolar actualmente es administrado por las gobernaciones, por lo que consideró inapropiado que ahora se pretenda concentrar la gestión en una sola institución.
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A su vez, manifestó la confianza en que la Cámara de Diputados realice un análisis más detallado del tema y pueda rever la decisión tomada por los senadores.
“Confío en que los diputados harán un análisis más puntilloso y con la cabeza fría, verificando si realmente existen denuncias, que hasta hoy no hay en el Departamento de Concepción”, concluyó.
Las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná podrían perder la administración del programa Hambre Cero si la Cámara de Diputados se adhiere a la media sanción del Senado.
La medida contra la administración de la gobernadora Liz Meza se dio luego de que un diputado denunciara que la política utilizara el dinero destinado a ese programa para el ostentoso festejo de 15 años de su hija.
