Detallaron que realizan una campaña denominada “No nos dejen sin recursos, la Fiscalía está de luto”, apoyando la medida de fuerza convocada por los diferentes gremios del Ministerio Público.
Señalaron que cuentan con el respaldo de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, e instaron a los demás funcionarios a participar del paro escalonado que se realiza frente a la sede del Ministerio Público hasta lograr sus objetivos.
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“La Asociación de Fiscales siempre está presente ante situaciones que representen un riesgo para el acceso a la justicia, el cual se verá cercenado si no se aseguran los recursos que garantizan la plena operatividad funcional y administrativa del Ministerio Público, así como el de la Corte Suprema de Justicia”, indica la misiva.
Explica que la atención al público es para cuestiones que requieran de urgencia, así como las de turno, informó la periodista Marcia Martínez.
“Los compañeros de las oficinas de Denuncias Penales recepcionan las denuncias. La administración de justicia no puede parar”, expresó el vicepresidente de la Asociación, Eugenio Ocampos.
Los funcionarios del Ministerio Público alegan que los recortes afectarían a los principales servicios de la Defensoría Pública, Ministerio de Justicia y a la propia Fiscalía.
Por su parte, los funcionarios del Poder Judicial también siguen con el paro escalonado de sus actividades a favor de que el proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados lo antes posible, con la intención de que los recursos de la institución ya no sean transferidos a otros entes del Estado.
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Actualmente, del 100% de lo recaudado en concepto de pago de tasas judiciales, la Corte Suprema de Justicia recibe el 58,80%, mientras que el Ministerio Público 12,27%, el Ministerio de Justicia 13,55%, el Ministerio de la Defensa Pública 0,01% y Consorcio del Registro del Automotor 15,37%.
Asimismo, los funcionarios de Registros Públicos apoyan el tratamiento del proyecto de ley y el recorte, a su vez, para que finalmente puedan contar con recursos genuinos del Tesoro.
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El tratamiento del proyecto de ley fue aplazado el pasado 21 de marzo en sesión ordinaria de Diputados, por 30 días.
