Sixto Gadea Blaires, funcionario de la CGR, mencionó para nuestro medio que al patio de su vivienda le arrojaron una notificación, “con una firma inentendible”, proveniente del Poder Judicial, con fecha 15 de setiembre del año en curso.
Relató que contrató un ujier, quien le comunicó que el documento efectivamente se encuentra en el Poder Judicial y que debe volver a abonar una cuenta que ya terminó de honrar vía judicial en el 2019 (facsímil).
“Al enterarme de la situación, solicité en la Dirección de Talento Humano de la CGR una copia de la planilla donde se verifica que había pagado dicha cuenta”, refirió.
Manifestó que es la segunda vez que le notifican por la misma cuenta y que contarían con pagarés atrasados. Denotó además que hasta el momento no llegó a la CGR la confirmación de ejecución para que realicen los descuentos al denunciante.
“Esto creo que es porque tuve que protestar en varios lugares. Imagino que tuvo su efecto y se paró el procedimiento, pero siguen entrando notificaciones de deudas que ya se terminaron de pagar, a otros compañeros que eran socios de la Asociación”, señaló.
Gadea mencionó que la cuenta es de un préstamo de G. 20 millones que había retirado para realizar una construcción, antes del 2017, año en que la Asociación fue a la quiebra.
Dicha deuda, relató, terminó de abonar mediante los descuentos realizados a nombre de la Asociación, que finalmente no honraba con la empresa de créditos.
Siguió detallando que tras la quiebra de la Asociación, en el 2018, le llegó la primera demanda a nombre de Credi Efectivo SA, que le descontaron de forma automática en la CGR.
“Ahora, nuevamente, me piden abonar más de G. 12 millones junto a honorarios y gastos de justicia. Esto de vuelta es una locura y, según se sabe, hay aún más pagares que irán presentando”, detalló.
Gadea refirió que lastimosamente no ingresó con el grupo de querellantes porque, en su momento, fue todo muy rápido y debía contratar otro abogado. “Entonces pagué nomás para evitar tanto quilombo”.
El caso. La causa está caratulada como: “Claudeline Yudice y otros s/ estafa y otros”, cuyo juicio oral fue fijado para el 17 de mayo del 2024, ante el juez Penal de Garantías interino Federico Rojas.
El caso comenzó en el año 2017, cuando funcionarios de la CGR denunciaron un desvío de G. 1.500 millones por parte de las ex autoridades de la asociación de empleados. La causa es por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza, donde resultaron afectados cerca de 320 socios, debido a que las ex autoridades de la entidad no honraron los créditos con las casas comerciales con quienes tuvieron acuerdos, pese a los descuentos compulsivos mensuales de los salarios realizados a sus asociados.
Los denunciados son Adalberto Arévalos, actual director del área financiera de la CGR; Claudeline Yudice, presidenta de la Aso y actual jefa de equipo de auditorías; Alberto Vargas, Édgar Ramón Cáceres y Fredy Núñez.
