El asesor jurídico de las SAS, Javier Pirovano, explicó que la institución estatal recibió una serie de denuncias de intendentes municipales del interior, de organizaciones campesinas y de un estamento que se denomina Mesa de Participación Ciudadana que está en el programa Tekoporá, sobre diversas irregularidades, y en base a ello procedió a los despidos masivos.
“Las irregularidades consistían en el pago a personas con insuficiencia económica que no deberían ser beneficiarios del programa, personas fallecidas que seguían cobrando y también funcionarios públicos que era beneficiados con el programa”, señaló a ULTIMAHORA.COM.
A raíz de dichas denuncias, Pirovano explicó que realizaron una denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Económicos, ante el agente fiscal René Fernandez, por la comisión de hechos punibles.
“Y con la intención de trasparentar el programa se desvincularon a los funcionarios de las zonas afectadas (interior del país), en donde se detectaron los problemas. <strong> Lógicamente se empezó a investigar bien después y se determinó que muchos de los facilitadores no tenían participación en esas irregularidades y fueron reincorporados"</strong>, precisó.
<strong> Ante la consulta del porqué la investigación se realizó después de los despidos, dijo que “nosotros al haber hecho la denuncia penal, al haber tomado estado público, necesitábamos trasparentar el programa y como los pagos se hacen cada 3 meses en Tekoporâ, teníamos un margen de tiempo para ver los casos, por eso se decidió proceder de esa forma” </strong>, explicó.
Hasta el momento, de los 334 funcionarios desvinculados en las SAS, unos 160 fueron reincorporados tras la auditoría interna, entre ellos se encuentran varias embarazadas y otras mujeres con permiso de maternidad, que, según el abogado, estas no habían presentado a la secretaría el parte médico. Los demás casos siguen en estudio, mencionó.
