15 jul 2026

Asesinato de Marcelo Pecci es “una advertencia seria”, dice ministra de la Corte

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, sostuvo que el asesinato de Marcelo Pecci en Colombia es una advertencia que debe ser tomada con responsabilidad y prioridad.

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El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en la isla Barú, en Colombia, a donde viajó para pasar su luna de miel.

Foto: Twitter.

Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró en radio Monumental 1080 AM que el crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado a tiros en la isla colombiana de Barú, Cartagena, no se trata de un caso aislado y debe ser tomado como una advertencia.

En ese sentido, la ministra consideró que se debe reforzar las instituciones para poder avanzar contra el crimen organizado.

“Es una advertencia seria que debe ser tomada con responsabilidad y prioridad. Nosotros somos conscientes de que esto no es un hecho aislado y de que no se pueda volver a repetir”, sostuvo.

Igualmente, Llanes señaló que “están a kilómetros de distancias” en cuanto a estrategias, acciones y en los resultados en la lucha contra la estructura criminal. “Se trata de tomar conciencia a nivel social y estatal, de dejar de promover estos modelos de conductas ilícitas”, prosiguió.

Lea más: Policía colombiana sigue tras los asesinos de fiscal Marcelo Pecci

Sobre el punto, insistió en que hay muchos ángulos que tienen que ser considerados al momento de encarar una lucha frontal e integral contra estas organizaciones criminales.

“Esto está empezando, por eso debemos fortalecer a las instituciones, el crimen organizado cuenta con fondos (para contaminar el sistema)”, advirtió.

El fiscal especializado contra el crimen organizado sufrió un atentado durante su luna de miel, tras contraer matrimonio con su pareja Claudia Aguilera. El cuerpo del fiscal fue sepultado este domingo en Asunción en medio de la gran conmoción nacional que causó su asesinato.

La Policía colombiana divulgó el identikit de uno de los sicarios y se ofrecen hasta unos 2.000 millones de pesos colombianos (más de G. 3.300 millones o USD 489.391) a quienes brinden alguna información que permita dar con los atacantes.

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