La auditora interna de la Municipalidad de Ciudad del Este, Judith González, y el director general, Alfredo Ramírez, ambos nombrados como nexos del suspendido intendente Miguel Prieto, aseguraron que las irregularidades divulgadas por el interventor Ramón Ramírez “no son un descubrimiento nuevo” y que la auditoría interna ya había detectado el caso meses atrás, remitiendo una denuncia a la Fiscalía.
Según los funcionarios, el perjuicio estimado asciende a G. 80 millones y afecta directamente a tres contribuyentes. Serían cinco los funcionarios municipales implicados en la maniobra.
Alfredo Ramírez señaló que “el gran hallazgo que habla el interventor, nosotros ya lo habíamos descubierto… Nuestra auditora lo detectó y nosotros hicimos la denuncia en marzo de este año”.
Asimismo, el director manifestó que el asesor jurídico de la Comuna, Wilmer Cuevas Chaparro, presentó la denuncia penal “de carácter urgente” y que luego se amplió con la conclusión de la auditoría.
Lea más: “Es un esquema delictivo”, sostiene interventor y denuncia caja paralela en Comuna de CDE
“Si ese Ramoncito venía a mi oficina y me preguntaba, se iba a evitar este papelón de gran hallazgo. Era mucho más fácil que nos consulte y nosotros le acercábamos todo. Incluso le respondimos a un pedido de antecedentes que sí hubo auditoría y que consulte en esa área, cosa que nunca hizo. La denuncia nuestra es de marzo. Esto no es nuevo”, agregó Ramírez.
Por su parte, Judith González defendió el procedimiento aplicado por la auditoría y sostuvo que actuó bajo la orden expresa de intendente suspendido.
“Se cumplió todo el protocolo. Una vez que se detecta, se hace la auditoría y se remite a la Fiscalía, que es lo que corresponde para darle respuesta a la ciudadanía. El intendente siempre dijo que no se debía apañar irregularidades y nosotros cumplimos”, expresó González.
Nota relacionada: Partido en formación Yo Creo, de Miguel Prieto, presentó solicitud de reconocimiento
Asimismo, explicó que no se hizo pública la denuncia para preservar la investigación y proteger tanto a los contribuyentes como a los cajeros involucrados. “No se publicó, pero está en la Fiscalía. Hay personas implicadas y se debe manejar con la debida responsabilidad”, manifestó.
El caso, actualmente en manos de la Unidad 10 de la Fiscalía, recientemente derivado a una nueva fiscal sigue su curso judicial.
