Para el colectivo de artistas, el Ministerio Público comete un hecho gravísimo al imputar a manifestantes que nada tenían que ver con la quema y otros daños al Panteón Nacional de lo Héroes. Aseguran que este procedimiento pone en cuestión el Estado de Derecho en el país y el ejercicio de las libertades públicas.
“Si bien luego de innumerables críticas de parte de la población, la Fiscalía ahora se contradice e informa que Fernández solo es llamado a declarar, el hecho es sintomático de la regresión autoritaria que sufre el Paraguay”, indicaron.
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Manifiestan que este tipo de acciones remontan al país a un momento de la historia en que las propias instituciones del Estado despojaban de libertades a los ciudadanos y violaban los derechos humanos fundamentales.
“El hecho también pone en evidencia la parcialidad y la arbitrariedad con las cuales actúa la Fiscalía. Mientras demuestra celeridad ante supuestos hechos cometidos por referentes y organizaciones sociales y culturales del área rural y urbana, hace caso omiso a transgresiones e incumplimientos por parte de referentes políticos o vinculados con grupos de poder. ¿No debería ser la Fiscalía una institución recta en el conocimiento y la aplicación del derecho?”, cuestionan desde el sector.
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El comunicado recalca que toda persona tiene el derecho de expresarse libremente, reunirse y conformar asociaciones; toda persona goza de la libertad de circular por la vía pública, manifestar sus ideas y pensamientos, profesar la religión o sistema de creencias que le identifique; toda persona tiene el derecho de sostener la ideología que le represente y evoque el horizonte de futuro social.
Agregan que estas conquistas históricas, consagradas en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y asumidas como norma por el Paraguay en 1992, son principios irrenunciables que deben regir a las instituciones republicanas.
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El pronunciamiento fue firmado por trabajadores de la cultura que se encuentran en España, Suiza, Inglaterra, Holanda, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Corea, Bélgica, Argentina, Chile, Finlandia, Brasil, Francia, entre otros.
Varias organizaciones cuestionan la investigación a Diana Bañuelos, miembro de Codelucha, y el escritor Miguel Ángel Fernández, docente y militante por los derechos humanos, quienes se manifestaron en contra de las muertes de dos niñas de 11 años, en un supuesto enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.
El mismo día, otro grupo de manifestantes quemaron una bandera que colgaba del edificio histórico y pintaron los muros. Por ello, se encuentran procesadas Mariángela Guidita Abdala, Paloma Chaparro Panimboza y Giselle Noemí Ferrer Pasotti.
