La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió este martes un comunicado en el cual defiende la libertad de expresión, tras las expresiones de su presidente, Pedro Galli, en las cuales acusa a senadores del Frente Guasu y el Partido Democrático Progresista de querer tomar el poder por vía de las armas y no precisamente por un método democrático, para tener un régimen totalitario.
La senadora Desirée Masi advirtió que demandaría ante la Fiscalía al titular de la ARP y a todos lo que hagan acusaciones similares y los vinculen con grupos armados y terroristas.
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Desde la ARP señalaron que la amenaza de denunciar a su presidente por declaraciones y denuncias de “hechos varios que son notorios y ocurren a diario”, es un claro intento de limitar la libertad de expresión, de infundir miedo y socavar las bases de la democracia.
Asimismo, sostuvieron que la amenaza es un indicio del proceso de deterioro institucional que se está viviendo y que es propiciado por actores al servicio de un proyecto totalitario, que busca destruir los pilares del país.
De igual manera, manifiestan que toda restricción o intento de limitar los derechos a la propiedad privada, libre comercio y la vigencia de las instituciones, con la presentación de leyes de tinte inconstitucional y con apoyo a las violaciones de propiedad privada o despenalización de las invasiones, constituyen conductas ilícitas conforme al artículo 127 de la Constitución Nacional, que dice que no está permitido predicar su desobediencia.
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Además, indicaron que la Comisión Directiva Central de la ARP apoya y hace suyas las declaraciones de su presidente, en la tesitura de que se busca propiciar el conflicto social, el enfrentamiento del pueblo y la inseguridad en el campo y en la ciudad, para construir un proyecto totalitario.
Finalmente, expresaron que el nivel de responsabilidad de estos hechos sube de grado al ser protagonizados por funcionarios públicos e instan a la ciudadanía a estar atentos al proceso que se vive, con el objetivo de participar en el control del respeto y de la vigencia de la Constitución Nacional y de las instituciones públicas.
