Al final, los fiscales Natalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes el miércoles habían ratificado su acusación y pedido de juicio, ayer rectificaron su solicitud y requirieron el sobreseimiento provisional, por “falta de certeza” en la causa.
Con la resolución, la Fiscalía tiene un año para reabrir el proceso, plazo en el que deberá realizar varias diligencias solicitadas, para luego acusar, o en su caso, requerir el sobreseimiento definitivo de los dos procesados.
Asimismo, con el fallo del juez Otazú se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados. En este caso, cada uno tenía un embargo sobre sus bienes por la suma de G. 36 mil millones de guaraníes, de acuerdo con la resolución.
Según los fiscales, al analizar las pruebas, tanto de la Fiscalía como de la defensa, había dos pericias contradictorias. En una decía que existía un perjuicio patrimonial por la suma de G. 180.030.528.699, y en la otra, que no existe perjuicio patrimonial.
Con ello, alegaron que había duda respecto al tema, lo que por el principio de objetividad del Ministerio Público, señalaron que rectificaban la acusación inicial y solicitaban el sobreseimiento provisional.
Es así que los fiscales pidieron realizar una nueva pericia, a más de requerir nuevos informes sobre el supuesto perjuicio que se dio para el Estado paraguayo, lo que fue concedido parcialmente por el magistrado Otazú.
Lo llamativo del caso es que los fiscales no hayan advertido esta situación el miércoles, cuando se ratificaron en la acusación por lesión de confianza y pidieron elevar el caso a juicio oral.
DEFENSA. Los abogados Alcides Cáceres, Tarek Tuma y Ricardo Preda, el miércoles, habían solicitado la nulidad de la acusación por no cumplir con los requisitos y por falta de indagatoria previa. Además, pidieron la prescripción y hasta ofrecieron pruebas para el eventual juicio oral.
Sin embargo, con el cambio de postura de los agentes fiscales, estos puntos no fueron estudiados, ya que hubo una rectificación del requerimiento que realizó en su momento la actual fiscala adjunta, María Estefanía González.
El juez Otazú podía haberle dado trámite de oposición, ya que se rectificó la acusación ratificada el miércoles, pero admitió el pedido de la Fiscalía, con lo que los dos procesados fueron sobreseídos provisionalmente.
En el caso, en principio, había sido acusado también Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, encargado de la gerencia del proyecto Metrobús, pero el mismo falleció antes de la audiencia preliminar.
La denuncia del caso había sido presentada por el ingeniero Ricardo Hermann Pankow, el 28 de mayo del 2018. Sin embargo, la investigación estuvo parada hasta que se presentó la imputación en el año 2023.
El caso pasó por varios fiscales hasta que finalmente la agente María Estefanía González le citó a declaración indagatoria en febrero del 2023, y luego fueron imputados Jiménez Gaona, Benítez y Alcaraz.
