El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, ayer, en declaraciones a la prensa, sostuvo que era grave lo que se hizo en el caso, y que se debería allanar el despacho e incautar el teléfono del magistrado.
Lo que cuestiona es que Legal haya dispuesto, por resolución del 5 de diciembre del 2024, como anticipo jurisdiccional de pruebas, la extracción de datos, a través de una pericia, cuando que la Fiscalía, el día anterior, solicitó solo una autorización judicial para esto.
Además, afirma que, en el mes de enero pasado, revisó los resultados de la pericia sin la presencia del fiscal y las defensas, sin que conste en un acta, violando la cadena de custodia de las pruebas.
Sostiene que, el 3 de febrero pasado, el juez Legal lo entregó a la prensa que difundió los chats, por lo que el hecho punible perjudicó a Arévalo.
“El juez Osmar Legal violó el derecho a la defensa, abriendo o accediendo a información sin la presencia de las partes que debían concurrir y participar, entregándola a la prensa, y omitió dejar constancia de cómo se llevó a cabo el acto, lo cual obedece a que, de hacerlo, estaría dejando constancia de que lo hizo por una vía que debía impulsar, en su caso, la Fiscalía”, dice.
Remarca que la conducta de Legal fue para favorecer a sus intereses a los efectos de imprimir la mayor presión posible sobre un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en desmedro de la Fiscalía.
Duarte Cacavelos apunta que las evidencias estuvieron por casi dos meses con el juez, sin que se pueda determinar en qué fecha accedió a los dispositivos y qué pudo alterar. Pide la investigación de los hechos denunciados y se impute al magistrado Osmar Legal por prevaricato.
Explica que también denunciará ante el Consejo de Superintendencia de la Corte.
