Por medio de su cuenta de Twitter, la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, salió al paso de los cuestionamientos sobre el decreto de reglamentación de la Ley de Arancel Cero.
A consideración de la legisladora, la reglamentación es inconstitucional y deja ver que el presidente Mario Abdo Benítez gobierna por decreto y ejerce funciones de otros poderes del Estado.
“También deja en claro que para este Gobierno la educación es un privilegio, un beneficio al cual solo algunos pueden acceder y no un derecho constitucional garantizado para todos los ciudadanos por igual. Se entiende, él y los suyos siempre formaron parte de los privilegiados”, publicó la senadora.
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Martínez anunció que desde el Frente Guasu se apoya el reclamo de los universitarios y se trabajará en una propuesta de reglamentación vía ley, en caso de que el presidente no revea los puntos cuestionados en la norma.
Cuestionamientos al decreto
Universitarios expresaron su repudio a la reglamentación del Poder Ejecutivo con respecto a la Ley de Arancel Cero, ya que argumentan que la normativa limita el acceso a la educación gratuita a miles de jóvenes.
El decreto sostiene que en el caso de los estudiantes egresados de la Educación Media del sector privado, estos deben acreditar su situación de vulnerabilidad para acceder al beneficio. Se deberá gestionar ante el Ministerio de Desarrollo Social.
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Además, “durante la carrera de grado y a fin de continuar con el beneficio señalado, el estudiante no deberá sobrepasar dos años al periodo establecido en el proyecto académico o currículo de cada carrera”.
También establece que no tendrán la gratuidad aquellos estudiantes que sobrepasen los cinco años de egresados de la Educación Media, contados desde el momento de la solicitud a los cursos de admisión y similares.
En ese sentido, Mauricio Kiese, estudiante universitario, explicó que el sector pide un nuevo decreto, donde queden anulados estos tres puntos que se consideran ilegales e inconstitucionales.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Hacienda se alega que la reglamentación busca premiar la excelencia de los estudiantes, garantizando el uso correcto de los recursos públicos.
