Con seis votos a favor, cuatro abstenciones y dos ausentes, la Junta aprobó solicitar la intervención de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo, Canindeyú, actualmente bajo la gestión de Cristóbal Kiko Villalba, hermano de la diputada María Cristina Villalba.
La decisión fue tomada durante una sesión abierta llevada a cabo esta noche con la participación de varios ciudadanos que acudieron a una manifestación frente a la sede comunal. El grupo celebró con petardos la decisión de los concejales, en una sesión que se desarrolló sin mayores incidentes.
El concejal Felipe Ramos recordó que ya en el primer año de mandato, en el 2016, se había rechazado el balance del jefe comunal. “No por maldad, no porque no le queremos al intendente, sino porque no presentó los documentos que respalden los gastos”, indicó.
Por ese motivo, el 9 de mayo de ese año, remarcó el edil, nueve concejales solicitaron la intervención de la Municipalidad ante la sospecha de irregularidades, pero no se dio curso al pedido.
Al año siguiente, se solicitó a la Contraloría General de la República informes sobre la ejecución presupuestaria de la Comuna y descubrieron que la Intendencia, tras no lograr la aprobación de su balance, presentó solo los documentos de mesa de entrada de su informe de gestión y no la resolución del legislativo municipal. Igualmente, el documento fue recibido por la Contraloría.
Como reacción al hecho, los concejales presentaron las denuncias correspondientes, pero no tuvieron respuesta, indicaron.
Suman pedidos de intervención
Varios intendentes están en la mira por denuncias de irregularidades en su gestión. El caso más notorio es el de Ciudad del Este, donde el pasado 2 de octubre, la Junta Municipal aprobó intervenir la administración de la intendenta Sandra McLeod, por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido llegó a la Cámara de Diputados el 11 de octubre, en donde deberá tratarse para aprobar el procedimiento.
También el 2 de octubre, los concejales de Limpio autorizaron la investigación a la administración de Carlos Palacios. Alegaron supuesto daño al patrimonio público por parte del jefe municipal.
Mientras que, este lunes, los ediles de Humaitá votaron por la intervención de la Municipalidad, administrada por Víctor Bordoli. La Junta Municipal señaló la supuesta existencia de una malversación de más de G. 2.000 millones.
En septiembre pasado fue aprobado también un pedido de intervención para la Comuna de La Colmena, del cartista Mario Melgarejo, por supuesto daño patrimonial y mal desempeño en sus funciones.
El Municipio de Santa Rosa del Aguaray, bajo el mando del colorado Esteban González, también tiene un pedido de intervención por supuesta falta de documentos que respalden la ejecución presupuestaria, entre otras denuncias.
Finalmente, en la ciudad de Puente Kyjhá los concejales municipales están divididos para solicitar la medida a la gestión del intendente Ariel Araujo. Alegan una serie de irregularidades, como la falta de adjudicación de la merienda escolar.
