El proyecto de ley establece que estos jueces atenderán de forma exclusiva los casos vinculados a corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, secuestros y financiamiento del terrorismo.
La propuesta es una respuesta a una de las 40 recomendaciones que dio el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) al Paraguay.
Los proyectistas señalan que por la complejidad de los casos, las investigaciones y juzgamiento de personas vinculadas al crimen organizado no pueden abordarse desde una jurisdicción penal ordinaria.
La propuesta fue presentada por los senadores Blas Llano, Lilian Samaniego, Stephan Rasmussen, Martín Arévalo, Fernando Silva Facetti y Rodolfo Friedmann.
El senador Víctor Ríos (PLRA) aseguró que la propuesta “no tiene sentido” e indicó que no es necesario ser especialista en narcotráfico para cumplir con las funciones de un juez de garantías.
El legislador liberal Abel González aseguró que la propuesta le produce un temor de que estos juzgados atiendan causas grandes y termine favoreciendo a algunos grupos de poder. Adelantó que se abstendrá en el voto.
Mientras que el senador colorado Sergio Godoy dijo que estos juzgados y tribunales especiales manejaran técnicas especiales como lo son los agentes encubiertos, entre otros.
Por su parte, Jorge Querey, del Frente Guasu, explicó que lo que se busca es comprender estos delitos y que con esto se crean nuevas condiciones para la investigación de este tipo de hechos punibles.
La propuesta fue puesta a consideración del pleno y aprobada por amplia mayoría. La propuesta pasa a la Cámara de Diputados.
El texto autoriza a la Corte Suprema de Justicia a redistribuir y crear nuevas dependencias especializadas en estos hechos delictivos, con sus bases en Asunción y con la posibilidad de expandirse a otras partes del país.
