Indican que este hecho en particular puede definir los comicios, ya que generalmente se beneficia el partido de gobierno porque tiene el control casi total de los registros electorales locales, así como los llamados traslados o reinscripciones, que generalmente son atacados de irregulares.
La última situación se dio en Nueva Asunción, novel distrito de Presidente Hayes. En medio de esto, según un informe elevado al Senado, el total de traslados de un lugar de votación a otro, por parte de los electores, alcanzó las 308.180 personas, en los últimos diez años.
A pedido de varios senadores de la oposición, la Justicia Electoral remitió un informe detallado de las reinscripciones o traslados.
Dichas autoridades parlamentarias querían un diagnóstico de cómo se fueron dinamizando los traslados masivos, en especial, en el contexto de las elecciones municipales del 2026.
Así, de 2014 a 2024, las distintas campañas de reinscripción que abarcaron a todos los municipios del país, alcanzó la cifra de más de 300 mil personas que se cambiaron de lugares de votación.
Para la Justicia Electoral, la gestión de traslado se delega a los jefes, encargados e inscriptores de las oficinas distritales de todo el país del Registro Electoral, cargos públicos que son netamente políticos.
La gestión es realizada a partir del interesado, quien debe acercarse a las oficinas distritales del RCP para pedir su traslado.
Denuncia. La maniobra surge, de acuerdo con lo denunciado por autoridades del PLRA, cuando los traslados son por “arreo” de futuros electores que no residirían en la nueva zona de votación.
Un ejemplo señalado es Nueva Asunción, donde a mediados de mes se volcaron a reinscribirse varios ciudadanos que, según denuncias, eran arreadas por puntos de la ANR. El sistema facilita esta práctica, ya que no existe mutuo control porque las oficinas distritales son copadas, según denuncia el diputado Adrián Billy Vaesken, quien elevó su queja a la matriz electoral, instándole a tomar cartas en el asunto.
“Son prácticas ilegales y desleales y para lo cual el TSJE debe tomar cartas en el asunto y pedir verificar donde fija residencia (el trasladado)”, dijo.
Para Vaesken, estos son requisitos mínimos y que deben ser verificados. “Todos los documentos, a la hora de hacer el traslado, se deben confirmar, y también se debe sancionar a los funcionarios corruptos con todo el peso de la ley, para evitar ese tipo de competencia desleal que se puedan dar con los famosos ‘votos golondrinas’”, sostuvo.
Los traslados que más llaman la atención son del 2024 y fueron a beneficio de los distintos distritos de Presidente Hayes, feudo de los Núñez, familia del titular del Congreso, Bachi Núñez.
Villa Hayes tuvo el mayor porcentaje del departamento con 372 traslados en 2024, sin contar los otros periodos que también hubo muchos traslados, según el informe.
