El abogado Edward Arca, director general del Centro de Atención al Deudor (Cenade), propone el Registro Nacional de Pagarés como una posible solución a la denominada mafia de los pagarés que está afectando por cobros irregulares a más de 2.000 personas, de acuerdo con las denuncias registradas.
“El proyecto de ley es el Registro Nacional de Pagarés y otros títulos de crédito, que se está estudiando en la Cámara de Diputados. Como Centro de Atención al Deudor apoyamos y acompañamos desde nuestro sector. Creemos que esto va a poner un límite a los juicios ejecutivos que se llevan a cabo en diferentes Juzgados del país, donde existe un descontrol total”, afirmó el abogado.
Arca lamentó que muchos clientes que acuden al Cenade desconocían que sus casos fueron llevados a juicio y recién se enteraban de ello cuando sus salarios eran descontados. Remarcó que en muchos hechos ya pagaron la totalidad de su obligación, pero les volvieron a demandar por no retirar el pagaré.
“Hay algunos que reclamaron el pagaré, pero las empresas no les quisieron dar o se transfirieron y el deudor perdió el rastro del pagaré, que finalmente volvió a circular para luego entrar al Poder Judicial. Hay ujieres que hicieron las llamadas ‘notificaciones voladoras’, muchos de esos juicios avanzaron sin que los deudores puedan presentar una defensa, tener sentencia y resoluciones de liquidaciones”, dijo.
En una audiencia en el Congreso Nacional para tratar la trama delictiva denominada mafia de los pagarés, en la sala de sesiones de la Presidencia del Senado y recibir la presentación del registro actualizado de más de 2.000 víctimas de este esquema orquestado entre jueces, abogados y ujieres, entre otros.
Arca señaló que propone asesoramiento con el Cenade, contactando al número (021) 233-493 o acercándose a la sede ubicada sobre la calle Teniente Fariña 1021 casi Estados Unidos en Asunción.
La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, representantes del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y representantes de empresas privadas como el titular del Cenade, se reunieron en el Congreso para buscar soluciones a esta situación.
En el encuentro fue presentado el informe que contabiliza alrededor de 2.000 afectados por embargos y descuentos compulsivos en sus salarios, entre ellos, enfermeros, docentes, jubilados y trabajadoras domésticas, entre otros trabajadores.
En ese sentido, se habilitó un número de WhatsApp que las víctimas pueden enviar su denuncia o caso al (0985) 221-112.
Denuncias al:
(0985) 221-112 es el número de teléfono habilitado por la Comisión del Senado para registrar las denuncias de víctimas.
“Se les esconde la pelota y los juicios son a arco libre”
“El 99,9% de todas las personas que atendemos en el Cenade quiere pagar sus deudas. En la mayoría de los casos tenemos personas que no encuentran el camino para pagar sus deudas porque se les esconde el expediente. En términos futbolísticos, se les esconde la pelota y los juicios son a arco libre, literalmente”, afirmó el abogado Edward Arca.
El titular del Cenade manifestó que desde que se hizo público este esquema denominado mafia de pagarés, ellos ya denunciaban a las empresas hace más de 15 años atrás. Subrayó que la diferencia es que actualmente los afectados decidieron denunciar a los responsables de esta trama delictiva.
“Son personas a las que les falsificaron documentos o se les cobró dos o tres veces más de un préstamo. Tenemos casos de docentes de Paraguarí que fueron demandados en Benjamín Aceval o Villa Elisa. Con juicios realizados bajo la mesa y estos afectados, lastimosamente, no pudieron defenderse”, expresó Arca durante la audiencia realizada en el Congreso Nacional.
Actualmente, se está investigando la actuación de los juzgados de paz de San Roque, La Catedral, La Encarnación, y de ciudades del área central como Mariano Roque Alonso, Luque y Limpio, entre ellos ya fueron denunciados y suspendidos jueces, abogados y ujieres que fueron parte de este esquema.
En tanto, la Comisión Especial del Senado propuso que la totalidad de las casas de cobro involucradas en la compra de deudas sean intervenidas, a fin de conocer el origen de esas operaciones.
Igualmente, se solicitó al presidente de la Comisión, el senador Rafael Filizzola, remitir al Ministerio Público una denuncia innominada para que se inicie una investigación formal sobre las casas de cobro presuntamente implicadas.
Sobre la convocatoria de autoridades judiciales y administrativas, el objetivo es encontrar una solución que permita, hacia fines de mayo, la suspensión de los descuentos. Además, se propuso el congelamiento de los descuentos compulsivos aplicados a las personas afectadas.
Son personas a las que les falsificaron documentos o se les cobró dos o tres veces más de un préstamo... Con juicios realizados bajo la mesa y estos afectados, lastimosamente, no pudieron defenderse.
