28 feb. 2024

Apostar al grado de inversión

Esta semana presentamos las Perspectivas Dende. Lo hicimos con cierta preocupación sobre la política fiscal para los próximos cinco años por las primeras declaraciones del futuro ministro de Hacienda, quien al reclamar que el déficit fiscal que recibe es muy superior al reportado por el Ministerio de Hacienda, a causa de la existencia de deudas con proveedores no registradas, indicó que no será posible cumplir con el tope del 2,3% del PIB vigente para este año y que están considerando extender el periodo de convergencia al tope de déficit del 1,5% del PIB fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, hasta el año 2026.

Esto último representaría un golpe muy fuerte a la credibilidad de la política fiscal que nuestro país viene aplicando, a la cual el futuro ministro contribuyó positivamente en funciones anteriores, e incrementará la vulnerabilidad de las finanzas públicas, alejando las posibilidades de mejorar la calificación de riesgo-país.

Nuestro país nunca alcanzó el grado de inversión en la calificación de riesgo internacional y el default selectivo sobre la deuda interna del 2003 empeoró la situación. A partir de allí, para recuperar la credibilidad en las finanzas públicas, se realizaron una serie de reformas fiscales que incrementaron los ingresos del Tesoro, posibilitaron continuos superávits fiscales hasta el 2011 y se redujo el ratio de deuda pública a menos del 10% del PIB. Posteriormente, en el año 2013, el Congreso aprueba la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal, debido a que en el proceso previo a la destitución de Fernando Lugo por juicio político, el mismo Congreso había aprobado grandes e irracionales aumentos salariales a los funcionarios públicos que aumentaron el gasto salarial del Estado en más de USD 800 millones anuales y las finanzas públicas pasaron de un superávit del 1.2% del PIB en 2011 a un déficit del 1% en el 2012, comprometiendo severamente la capacidad de inversión pública. Ante el rechazo del sector privado de aumentar la presión tributaria para cerrar esta brecha fiscal, se optó por utilizar el margen de endeudamiento disponible para financiar la inversión pública; y, para minimizar los riesgos de crecimiento desenfrenado de la deuda que lleve al país a otra cesación de pagos, se consensuó esta regla fiscal que limita el déficit al 1,5% del PIB y el crecimiento de los gastos corrientes a un máximo del 4% anual más la inflación. La vigencia de esta ley fue efectiva hasta que en el año 2020 se presenta la pandemia, y para enfrentarlo se aprueba la Ley de Emergencia, con gastos extraordinarios financiados con deuda externa adicional, utilizando gran parte del margen de endeudamiento generado con la prudente política fiscal justamente para enfrentar este tipo de contingencias. Pero, como resultado, la deuda pública saltó al 35% del PIB, un nivel alto para un país con nuestro nivel de ingreso per cápita, por lo cual había que reducir rápidamente el déficit para volver a los parámetros de la ley fiscal. Sin embargo, el ritmo de convergencia definido por el gobierno fue muy gradual y en estos años electorales no fueron cumplidos acabadamente. De ahí el reclamo del futuro ministro, el cual comparto plenamente; pero esto no justifica extender el periodo de convergencia, sino todo lo contrario. Lo sensato sería transparentar y corregir las cuentas fiscales, pedir autorización de deuda adicional al Congreso para eliminar los atrasos con proveedores este año, ratificar la convergencia a los topes de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el presupuesto 2024 y avanzar en las reformas pendientes para ordenar y mejorar la calidad el gasto público en los próximos años.

La ratificación de los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal por sucesivos gobiernos es fundamental para su credibilidad como instrumento de política fiscal y generar previsibilidad, anclar las expectativas y aumentar la confianza en la economía del país. Si apostamos por ella, a pesar de las debilidades institucionales que aún tenemos como novel democracia, es más probable que podamos mejorar la calificación internacional del país a corto plazo, alcanzar el grado de inversión, incrementar la inversión extranjera y acelerar el crecimiento económico creando oportunidades laborales de manera sostenible. Ojalá prime la sensatez y la prudencia.

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