18 jul. 2024

Aplicar mano dura contra la corrupción y evitar impunidad

La corrupción es un flagelo que afecta a diversos estamentos de la sociedad, especialmente a la parte más débil, porque socava el acceso a la educación, salud y vivienda. Debilita las instituciones democráticas y frena el desarrollo económico. Motivos más que suficientes para que se aplique mano dura contra la corrupción para desalentarla. La Fiscalía y el Poder Judicial deben cambiar la mala imagen que tienen, con excepciones, y dejar de actuar con tibieza, lentitud y complicidad. El país necesita de actores del Estado que muestren señales claras y contundentes para evitar la impunidad de los políticos, autoridades y funcionarios que acostumbran a aprovecharse de lo público como si fuera de su propiedad ante la falta de castigo.

Tolerancia cero contra la corrupción. Debe ser la premisa del Ministerio Público y el Poder Judicial contra los involucrados en delitos contra el erario. Décadas sin una decidida acción de la Justicia contra los que permean el Tesoro público, con algunas excepciones. Pero la norma debe ser sanción ejemplar para los implicados en robos al Estado y la excepción la falta de castigo. Sin una pena ejemplar para el que mete la mano en la lata seguirán creciendo las conductas de autoridades públicas y de funcionarios al margen de la ley.

Para entender más, Paraguay es el segundo país más corrupto de América del Sur, después de Venezuela, según el índice de Percepción de la Corrupción 2021 de la organización Transparencia Internacional. Nuestro país logró una nota inferior a la puntuación media global, pese a que mejoró levemente. Entre los países de habla hispana peores puntuados se encuentra Venezuela, que está en el 177, Nicaragua en el 164, Honduras en el 157, Guatemala en el 150 y luego de ellos está Paraguay en el 128. Es el tercer año consecutivo en que nuestro país aparece como el segundo país más corrupto de Sudamérica.

Recientemente la Intendencia Municipal de Asunción dio a conocer su informe de gastos durante la pandemia del Covid-19. Saltaron nuevamente sospechosas erogaciones multimillonarias con las mismas firmas contratadas en el 2020 y entre las que aparecen otra vez, por citar, compras del detergente de oro. Es decir, se repitió el mismo modus operandi. Algunas de las empresas beneficiadas no son del rubro contratado, como una ferretería, que “proveyó” alimentos, además de detergentes. En el proceso de investigación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) esta es una de las proveedoras bloqueadas al no cumplir con la entrega de documentos. Hay una investigación fiscal, cuestionada por su falta de avance. El intendente Óscar Rodríguez no está imputado.

Otro de los casos que están bajo investigación de la Fiscalía por supuestas obras fantasmas es el que tiene como involucrado al gobernador de Central, Hugo Javier González. También se criticó la lenta y tibia actitud del Ministerio Público, pese a la posterior imputación. Los diputados colorados se abroquelaron y evitaron la intervención de la Gobernación e impidieron una auditoría de gestión.

Uno de los problemas radica también en la cultura de la ilegalidad empotrada en el Estado; entre funcionarios públicos y un cierto sector de ciudadanos que fomentan la corrupción y se sirven de esta. La coima se practica de a dos. Debido a esta cultura nefasta se desalienta la inversión extranjera y las pequeñas empresas locales hallan obstáculos muchas veces insalvables por los costos iniciales requeridos por los funcionarios para que corra el trámite de habilitación y otros.

La corrupción produce grandes costos sociales. Favorece la exclusión social e impide que la población mejore su calidad de vida, como bien lo revela un estudio del Centro de Estudios Judiciales. Reduce el presupuesto para luchar contra la pobreza, la falta de educación y de salud. Mientras, un reducido grupo se enriquece a costa del dinero público.

Por todos estos argumentos, las instituciones del Estado, en especial la Fiscalía y el Poder Judicial, deben poner mano dura contra la corrupción, deben dejar de ser tibios o cómplices como en las causas del Clan González Daher, y evitar que la impunidad se enseñoree. Esta da luz verde para que políticos, autoridades y funcionarios, al no ser sancionados, sigan con esa vieja práctica del tráfico de influencias, de los sobornos, licitaciones amañadas y contratos sobrefacturados que tanto daño le hacen al país.