Paraguay y Brasil retomaron oficialmente las conversaciones sobre el Anexo C de la Itaipú Binacional (IB), tras la suspensión (1 de abril de 2025) por el caso de espionaje de Brasil a autoridades paraguayas que justamente encabezaban el diálogo.
De parte del Brasil, es de público conocimiento –por qué desde el Gobierno de Lula se promociona– que se apunta que la tarifa por el costo de la energía producida por Itaipú Binacional refleje netamente el costo de generación y no se incluyan los gastos socioambientales.
El Anexo C es clave para el futuro energético del Paraguay y del Brasil. El documento contiene la fórmula que será utilizada para definir el precio que se pagará próximamente por la producción de la central hidroeléctrica binacional.
El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad. También define el Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE). Es objeto de revisión entre los gobiernos de Paraguay y Brasil luego del pago total de la deuda por la construcción de la hidroeléctrica. En mayo de 2024 se consensuó negociar y finalizar un nuevo documento para finales de ese año, pero el plazo se extendió al 30 de mayo de 2025. Sin embargo, el impasse por el caso de espionaje dilató las negociaciones.
Desde Paraguay, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, afirmó recientemente que para nuestro país una de las prioridades será buscar el fortalecimiento de la ANDE, y subrayó que los gastos socioambientales son fundamentales para el desarrollo del país. Insistió en que se debe buscar “un equilibrio”, ya que estos representan USD 650 millones por año.
Lo que el Gobierno no tiene entre sus planes –a diferencia del Brasil– es que el precio de la energía sea inferior para el consumidor final. En el caso de que no se puedan obtener recursos extras, la alternativa es que la reducción de la tarifa de Itaipú se traduzca en mayores ingresos para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y que se dé un aumento en las transferencias que hace la firma estatal al Estado.
Expertos del sector reconocen la importancia de que estos recursos extras sigan llegando a Paraguay, pero se insiste en la necesidad de que su manejo pase por el Presupuesto General de la Nación (PGN), algo que, en la actualidad, no acontece bajo la premisa de que la Itaipú es una entidad binacional.
En esta misma línea, se considera clave que el Gobierno informe a la ciudadanía sobre sus pretensiones respecto al nuevo Anexo C. Contar con el apoyo ciudadano será clave para lo que se viene. Itaipú es una empresa clave para el desarrollo económico del país y su impacto social es innegable.
Cualquier decisión que tome el gobierno de Santiago Peña respecto a la Itaipú y a la ANDE tendrá un impacto a largo plazo, ya que el país atraviesa por una transición energética. Asimismo la urgente necesidad de generar más energía hace que el escenario sea más complejo.
Es un desacierto que el Gobierno mantenga bajo llaves las conversaciones sobre el futuro Anexo C. Paraguay está experimentando un crecimiento sostenido en la demanda de energía y lleva años de atraso en lo que respecta a la generación hacia otras nuevas fuentes.
Durante décadas, los recursos extras de Itaipú fueron utilizados de manera discrecional. Este dinero, que pudo haberse aprovechado para fortalecer a la ANDE, fue utilizado por los distintos gobiernos como una herramienta política.
Será clave el patriotismo de las autoridades para que el Paraguay obtenga un resultado positivo en las conversaciones con su vecino país. Es hora de que el Gobierno sea transparente sobre lo que se buscará, lo que se podrá ceder y qué beneficios tendría cada punto para el país.
Itaipú es una binacional, pero también es de todos los paraguayos. Las conversaciones del Anexo C son, además, una gran oportunidad para iniciar un proceso de transparencia en el manejo de los recursos de la hidroeléctrica.
