Tantos episodios políticos en una semana pueden ser confusos, pero la espesa polvareda deja vislumbrar las primeras señales de un modelo político que apunta a concentrar el poder que será compartido solamente con aquellos que se sometan a sus intereses.
La ANR ha ganado con holgura las elecciones, resultado que le dio no solo el Poder Ejecutivo, sino mayoría propia en ambas cámaras del Poder Legislativo. Esta supremacía les da potencia para buscar el dominio del Poder Judicial y el sometimiento del renovado Ministerio Público.
No es un discurso ni una acusación ficticia, como pretenden desmentir los colorados. La prueba está en la elección de los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura (CM), órgano encargado de realizar concursos para designar fiscales, jueces y ministros de la Corte Suprema de Justicia), y del Jurado de Magistrados (JEM), órgano que enjuicia a jueces, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones.
La ANR copó ambos organismos. Para el JEM fueron designados los diputados Orlando Arévalo (Honor Colorado) y Alejandro Aguilera (Fuerza Republicana). Por el Senado, el colorado “independiente” Mario Varela y el cartista Hernán Rivas.
Para el Consejo, la representación recayó en el diputado Édgar Olmedo, de Fuerza Republicana. Al Senado representará el liberal Édgar López, cargo que logró gracias al voto por Silvio Ovelar.
Tampoco cedieron en las suplencias, que fueron ocupadas por colorados. De esta manera, tienen el control absoluto de la puerta de entrada y salida del Poder Judicial.
Por la conformación del CM y el JEM, es un hecho que el copamiento colorado se concretará con las otras representaciones institucionales.
El cartismo no da lugar a sutilezas. No está en su diccionario palabras como equilibrio, contrapeso o respeto a las minorías. Sus voceros se caracterizan por recordar todo el tiempo que la victoria electoral les da derecho a arrasar con todo. La democracia es justamente limitación del poder político. La mayoría que le otorgó el pueblo es para llevar adelante sus planes de gobierno, no para amputar derechos ni discriminar sectores sociales vulnerables. Muchos tiranos justifican sus felonías utilizando el discurso del voto mayoritario.
Por ello, no es descabellada la alarma de aquellos jueces y ministros de la Corte Suprema que no están alineados al “nuevo orden”. Los voceros mediáticos del cartismo empiezan a presionar al fiscal general del Estado para cobrar cuentas a quienes osaron investigar a Horacio Cartes y sus hombres fuertes.
Tampoco es descabellado el temor de sectores vulnerables como campesinos, indígenas, mujeres y otras comunidades históricamente discriminadas. “La mayoría manda” es el nuevo garrote institucional.
CASO ERICO. Otro episodio es el caso del pedido del desafuero de Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. Siendo diputado ya fue desaforado a pedido de Santiago Peña. Como fue electo senador, el juez solicitó nuevamente su desafuero. Pero la mayoría colorada y sus aliados opositores decidieron dilatar el pedido enviando a comisiones. O sea, esta vez no consideraron la solicitud del presidente electo, quien pidió expresamente que se ponga a disposición de la Justicia. Incluso un agrandado Galeano le aconsejó no meterse en otro poder del Estado y de paso pidió auditar la Seprelad, la Senad y la SET, las instituciones que facilitaron información sobre su vinculación delictual. La dilación fue también un mensaje a Peña.
MEC. La designación del sicólogo y educador Luis Ramírez como ministro de Educación probablemente sea el primer grito de independencia de Peña sobre Cartes y la ANR en la conformación del gabinete. Ramírez no es político y su visión es totalmente diferente a la línea conservadora del nuevo gobierno. De hecho, su nombramiento ha sido ácidamente cuestionado por grupos denominados provida, quienes desataron una campaña sucia en su contra en las redes sociales, atizada por dirigentes colorados que pretenden manejar esta cartera de Estado, la joya de todo aspirante a presidente de la República, que solo ha causado la ruina de la educación paraguaya, ubicada entre las peores del mundo.
No la va a tener fácil Peña en esta área. Los ultraconservadores tienen voceros en el Congreso que pondrán trabas a cualquier reforma. De hecho, el primer proyecto de ley de la bancada cartista del Senado plantea prohibir la “ideología de género” en todas las escuelas públicas y privadas del país, que fue presentado al día siguiente de la designación de Ramírez como una forma de maniatar y advertir a Peña si pretende salirse del molde. Como si ese fuera el principal problema de una educación hecha pedazos.
En medio del descalabro de las disímiles bancadas opositoras que no logran actuar en bloque, la semana cerró con el festejo del cumpleaños del presidente de la ANR, Horacio Cartes. Sus seguidores formaron largas filas en la Junta de Gobierno, dando muestras de un espectáculo digno del stronismo caracterizado por el culto a la personalidad. Fueron allí buscando la foto, el salvoconducto para formar parte del nuevo orden político. La guinda de la torta fue la presencia de la senadora ex payista, Zenaida Delgado. Ella fue el trofeo exhibido de cómo el poder del dinero puede doblegar voluntades.
