Los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Arnica y Silvana Luraghi, quienes integran el Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, otorgaron la prórroga de seis meses y la Fiscalía debe presentar su requerimiento conclusivo el próximo 27 de noviembre.
En esta causa está imputada la fiscala Gloria Rojas, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), y el abogado Juan Carlos Bedoya, por aparente tráfico de influencias.
De investigadora a imputada, ¿cómo fue el caso?
La fiscala Gloria Rojas formaba parte del equipo que investigaba la terrible muerte de la adolescente María Fernanda Benítez, quien fue asesinada estando embarazada.
Se descubrió después que, aparentemente, ella había ofrecido a uno de los procesados darle una salida procesal a cambio de dinero.
El caso comenzó tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, el principal sospechoso del crimen.
La cronología
Denunció que el 14 de noviembre la fiscala Gloria Rojas lo citó en su despacho, en la Fiscalía de Coronel Oviedo, y le dijo supuestamente que el otro procesado Ricardo Villamayor “ya estaría arreglando su situación”, y le recomendó que hiciera lo mismo.
Franco Acosta supuestamente le dijo que seguro el monto base era G. 20 millones y que él no tenía. “Me dijo entonces que entregue lo que tenga nomás, pero que solucione”, según declaró.
La fiscala Gloria Rojas le habría indicado que se comunicara con el abogado Juan Carlos Bedoya. Con este arreglo, le habría asegurado que “le daría un cambio de calificación y una salida de suspensión condicional del procedimiento”.
Según la denuncia, Rojas le advirtió que le acusaría el 17 de noviembre, y que después recién iba a pedir cambiar la calificación.
Los pagos
Franco Acosta contactó con el abogado y este le informó que necesitaba G. 25 millones para obtener la salida procesal. Luego, el 20 de noviembre le habría pedido G. 5 millones y ya el pedido totalizaba los G. 30 millones.
Además, debía entregar G. 1 millón en concepto de donación.
El 21 de noviembre Franco Acosta volvió a reunirse con la fiscala Gloria Rojas. “Al iniciar la conversación, la fiscala le respondió directamente: ‘30’, pese a que Franco Acosta no había mencionado aún ninguna cifra”, según el informe oficial.
En esa ocasión, le dio instrucciones de qué pasos realizar para la obtención del cambio de calificación y la suspensión condicional.
De acuerdo con la fiscala Silvia González, ese diálogo “evidenciaba que la fiscala tenía pleno conocimiento del monto que Bedoya le había indicado”.
Finalmente, en fecha 26 de noviembre, se hizo una entrega vigilada de dinero con autorización judicial y el monto se encontró en poder del abogado Juan Carlos Bedoya.
