Hoy se cumplen los primeros 15 días de la llegada de los camioneros a la capital para exigir el tratamiento de un proyecto de ley que busca establecer costos referenciales del servicio de flete de cargas. En principio, los camioneros tenían cierta certeza de que el proyecto sería aprobado sin inconvenientes en el Senado; sin embargo, hoy día la situación se torna más incierta y solo se avizoran jornadas de protestas.
Las posturas están polarizadas. Por un lado, los dirigentes camioneros exigen el tratamiento del proyecto de ley y, por lo menos, obtener la media sanción para retirarse de la capital. El presidente del Senado, por su parte, envió el proyecto de ley para su estudio en comisión y advirtió que no será tratado mientras los camineros no levanten el paro.
Desde el Ejecutivo se emitió un decreto por el cual se crea una Comisión Técnica con el propósito de analizar el costo referencial del flete. En pocas palabras, el Ejecutivo ofrece un decreto en vez de la ley, pero con las mismas finalidades.
El sector productivo aceptó sentarse en la mesa de negociaciones con miras a consensuar intereses y designó a sus representantes. Sin embargo, los camioneros en asamblea del sábado último, realizada en Coronel Oviedo, decidieron retirarse de dicha comisión.
Con este panorama el epicentro del conflicto por el costo del flete se instala nuevamente en el Senado, donde los representantes de los camioneros intentarán forzar un dictamen de las comisiones asesoras y que el documento sea tratado en plenaria lo antes posible.
Es comprensible el reclamo de los camioneros de que se les pague un precio justo por el trabajo que realizan. Según lo expresado por sus representantes, las grandes empresas no les pagan lo que realmente cuesta el servicio y en los últimos meses ya trabajan a pérdida y el sacrificio que realizan solo alimenta a los más pudientes.
A tal punto llegó la situación que los camineros ya se resisten a volver a trabajar en las mismas condiciones y sin las garantías de que sus derechos y acuerdos firmados serán cumplidos. De ahí la insistencia en contar con una ley que regule el servicio de fletes de cargas.
Lo que sí está molestando a la ciudadanía en general son los métodos utilizados por los transportistas para obtener sus objetivos.
En los primeros días el paro camionero ganó la simpatía de cierto sector de la opinión pública, pero con el correr de los días, y mirando el impacto económico perjudicial que genera la situación, el apoyo inicial que recibieron los camineros fue mermando a tal punto que hoy día ya hay un cierto grado de hartazgo de las personas que necesitan transitar por las rutas del país o transportar sus mercaderías y no pueden hacerlo.
La protesta o paro camionero es derecho de los que se quieran adherir voluntariamente. Pero no se les puede obligar, intimidar ni muchos amenazar a las personas a que se sumen a un acto del cual no son partidarios. Actuar de esa manera es ilegal y resta legitimidad a la lucha de los camioneros; hace perder credibilidad sobre los verdaderos objetivos de la medida de fuerza.
Si la protesta se radicaliza y afecta la provisión de los productos en los principales puntos de abastecimiento y se producen faltantes o suba de precios, el malestar de la ciudadanía irá aumentando.
Considerando la situación del país, que está soportando casi 18 meses de pandemia, no es conveniente sumar conflictos o situaciones que generen mayor perjuicio al país, pues serán los más pobres, los desposeídos, quienes sufran la consecuencia de eventuales desabastecimientos o aumentos de precios.
No descartemos que sean los mismos camioneros, choferes, ayudantes de choferes y sus familiares los que pagarán los platos rotos, por lo que a toda vista es mejor sentarse a negociar y buscar un punto de beneficio mutuo antes que defender posturas radicalizadas que solo aumentarán los daños. Todo acuerdo debe estar bajo la fiscalización del Estado.
