El abogado José Asunción Matto Céspedes, presidente del Sindicato Auténtico de Trabajadores Municipales (Sinatram), detalló que la Comuna capitalina les adeuda G. 204 millones por cuota social correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Explicó que el sindicato cobra G. 25.000 de cuota a cada asociado y que el dinero se utiliza para prestaciones de servicios como pago de seguro médico, seguro funerario, entre otros.
La administración de Luis Bello se comprometió la semana pasada a entregar un cheque de G. 98 millones, según el sindicalista, pero hasta el momento se sigue reclamando la falta de pago.
Si bien la manifestación del gremio se debe en parte a una deuda acumulada, Céspedes aclaró que el mayor interés de Sinatram no reside solo en el cobro, sino en la “falta de diálogo” con la administración de Bello respecto al proyecto de presupuesto 2026.
El intendente tiene hasta el 30 de setiembre para presentar el anteproyecto a la Junta Municipal, según Céspedes. Hasta hoy no hubo interés por parte de la administración de Bello de conformar dichas mesas.
“Creemos que no existe esa animosidad de que podamos ver un poco el presupuesto, cuál es la política que tiene proyectada el intendente para el año que viene en cuanto a los beneficios contemplados en el contrato colectivo, la política de reajuste salarial o alguna reingeniería de recursos humanos”, consideró el sindicalista.
“Hasta ahora estamos en lo mismo. Yo creo que cambiamos de collar, pero en la estructura tenemos siempre los mismos peros”, añadió.
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Las mesas son importantes para asegurar la previsión de reajustes y beneficios contractuales para el 2026, como los títulos profesionales, insalubridad, nocturnidad y pagos por días domingos y feriados.
A los trabajadores sindicalizados también les urge tratar la política de reglamentación de la Ley 7445 de la carrera civil, según el titular de Sinatram.
Situación financiera en estado de “metástasis”
El abogado advirtió que la situación financiera de la Municipalidad de Asunción se encuentra en una “fase terminal” y en estado de “metástasis”.
Céspedes señaló que la grave dificultad por la que atraviesa la Comuna se arrastra desde la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Atribuyó el colapso a una pérdida de credibilidad ciudadana y al “manejo desprolijo” de la administración anterior.
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Reconoció que los funcionarios dependen, sobre todo de los recursos financieros genuinos que pueda aportar la ciudadanía a través del pago de las tasas y los impuestos inmobiliarios.
En este sentido, aseguró que existen datos estadísticos que demuestran un aumento en la falta de credibilidad hacia la administración de Nenecho.
“Evidentemente no hubo mucho entusiasmo ya de nuestros genuinos patrones, que son los contribuyentes, de seguir pagando sus tributos e impuestos”, resaltó.
Indicó que esta falta de entusiasmo perjudicó la capacidad financiera de la Municipalidad para pagar salarios y otros beneficios. Recordó igualmente que existen deudas con la Caja de Jubilación del personal municipal, con asociaciones, cooperativas y organizaciones sindicales.
Propuesta de reingeniería y rechazo a recortes
Para paliar el déficit estructural, el titular de Sinatram instó a que la administración de Bello actúe con “coraje, honestidad y responsabilidad”, impulsando una reingeniería de recursos humanos que responda a las críticas ciudadanas por la superpoblación en el Municipio.
Esta reingeniería debe analizar “caso por caso” a cada trabajador, evaluando la justificación, meritocracia, currículum y si efectivamente prestan servicios.
Adicionalmente, Céspedes propuso reformas estructurales para generar recursos, como actualizar el sistema catastral, ya que muchos inmuebles con edificios de 20 o 30 pisos aún figuran como “patios baldíos”.
También planteó regularizar planos, ser más intensivos en el control de patentes y licencias comerciales, mejorar los servicios de recolección de residuos y ofrecer más seguridad para motivar a que la ciudadanía a migre nuevamente a Asunción.
Pese a la necesidad de ajustes, Céspedes manifestó que los funcionarios no están de acuerdo “en ningún recorte que signifique disminución en el ingreso salarial de ningún compañero”, especialmente si dicho beneficio está presupuestado y el trabajador cumple sus funciones.
