Las manifestaciones se realizaron a primeras horas de este martes en el primer y segundo piso del edificio de la Municipalidad. Ya es la segunda manifestación que se lleva a cabo en menos de un mes en el lugar, ubicado frente al despacho de la Intendencia.
Los funcionarios agremiados pidieron al interventor de Asunción, Carlos Pereira, que deposite el dinero adeudado por las cuotas que se deben a Afuma. La deuda aproximada asciende a más G. 8.000 millones, según cifras proveídas por Jorge Lerea, miembro de Afuma.
“Se pagó un parcial la semana pasada, pero no alcanza. 3.200 socios tenemos. En principio, G. 1.000 millones, y luego otros G. 500 millones a raíz del pedido de los socios”, informó sobre los últimos pagos el funcionario Miguel Alonso, presidente de Afuma.
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Lerea, por su parte, precisó que por el mes de mayo se adeudan G. 1.300 millones y que la Administración se comprometió a realizar este pago el día de hoy.
El director de Administración y Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, aseguró a Última Hora que en promedio los pagos para Afuma alcanzan cerca de G. 4.000 millones al mes.
Consultado sobre los pagos, Gamarra Popoff explicó que la Comuna se encuentra con numerosas deudas que intenta cubrir de acuerdo con su disponibilidad financiera.
“Nosotros estamos atrasados. Desde enero venimos así. Y los descuentos que se hacen normalmente no cubren todos los acreedores. Entonces, vemos la forma de cómo poder cumplir con estos acreedores, y de acuerdo con esa disponibilidad podemos cumplir con algunos, no con todos”, aseguró.
Los jubilados municipales, por otro lado, reclamaron una deuda de aproximadamente G. 21.000 millones, por la falta de transferencia a la Caja por los meses de mayo, junio y julio, según informó Rita Duarte, representante de un sector de los jubilados.
“Prácticamente estamos a punto de cumplir cuatro meses sin cobrar nuestros haberes jubilatorios. Necesitamos G. 7.000 millones para que se pueda cubrir un mes”, aseguró.
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“El interventor había prometido más desembolso; a su llegada, avisó que tenía G. 16.000 millones para la Caja y eso no se entregó hasta hoy en total. La Caja nos hace depender de municipios y los municipios nos hacen depender de la recaudación vía ciudadanos, cuando está prohibido por ley retener aportes de activos”, indicó, por su parte, Gloria Fernández.
La jubilada remarcó el hecho de que los funcionarios activos no cuenten con aportes seguros para jubilarse. Esto ocurre, en parte, debido al saqueo de la Caja por parte de sus autoridades.
“Los activos no reclaman sus aportes y eso impide que se jubilen y asegurar que recibirán su jubilación si lo hacen. (...) No tenemos seguridad. (...) El consejo (directivo de la Caja) y los más de 200 empleados cobran antes que todo el resto de nosotros”, observó Fernández.
