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Allanan por octava vez la Municipalidad de Independencia 

Por octava vez en lo que va del 2020, la Fiscalía allanó este martes la Municipalidad de Independencia, en Guairá, tras una denuncia por presunta falsificación de firmas para el retiro de dinero que iba a ser destinado a un comité.

El allanamiento fue encabezado por el fiscal Martín Escalada, quien llegó a la Municipalidad de Independencia en busca de evidencias que puedan contribuir al proceso investigativo.

En simultáneo, miembros de la Contraloría ciudadana y concejales municipales se encuentran acampando desde hace 21 días frente a la Comuna y en esta ocasión aprovecharon para pedir la imputación del intendente Francisco Arnaldo Chávez.

Desde hace varios meses, integrantes de la Contraloría Ciudadana y ediles vienen denunciando presuntos hechos de corrupción cometidos presuntamente en el seno de la administración municipal.

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José Antonio Resquín, titular de la Junta Municipal, dijo a Última hora que incluso ya pidieron la intervención del Municipio por supuesto contrabando de azúcar, falsificación de firmas para el retiro de dinero que le correspondía a varios comités, entre otros.

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Agregó que también está vigente el rechazo de rendición de cuentas por el faltante de dinero.

Por su parte, expresó que el nuevo comité de productores afectado es de la compañía Yroysa de Independencia, que tenía que ser beneficiado con unos G. 38 millones, que finalmente fueron retirados por una persona que hasta el momento se tiene que determinar de quién se trata.

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El edil señaló que más de siete comités de productores reclaman el dinero que se ha desembolsado por la Comuna a otras personas ajenas a los comités. Señaló que estarían implicados funcionarios y familiares del intendente.

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Calculan un perjuicio de más de G. 300 millones que se tenían que entregar a comités de productores, sin embargo, jamás se ha realizado el desembolso a los integrantes de los comités de varias compañías que incluso se manifestaron frente a la Municipalidad días atrás.

El fiscal Martín Escalada señaló que la nueva denuncia es por un perjuicio de G. 38 millones que se debe determinar finalmente quien retiró el cheque, por lo que recogió varios documentos para la investigación.

Incautaron documentos como actas de entrega del cheque, recibos de dinero, planillas de movimientos y algunos papeles con firmas de los integrantes de los comités, para determinar después si es falso o no.

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