De acuerdo con la denuncia de los opositores, los oficialistas insisten en aprobar el proyecto con un articulado que colisionaría con la Ley de Información Pública, con el fin de proteger a ciertos funcionarios e instituciones que evaden la transparencia.
En el orden del día, ayer, de Diputados se tenía previsto el tratamiento del proyecto sobre protección de datos, en el punto 6. Sin embargo, por mayoría se votó por la postergación por 15 días.
Según varios diputados, la ley requiere mayor profundización y dar a publicidad, por lo que se requiere audiencias públicas.
No obstante, el punto que los opositores manifiestan como preocupante es el referente a que en la redacción de los articulados de la ley se añade la posibilidad de que quede a criterio de las instituciones develar información pública.
Advierten, además, que se da la posibilidad al “afectado” para que pueda apelar y denegar la información pública.
“Los oficialistas introdujeron cambios para matar la Ley de Acceso a Información Pública. De aprobarse, las informaciones requeridas dependerán de las autoridades de cada institución”, alertó el diputado Raúl Benítez, en torno al proyecto en cuestión.
Remarcó que la finalidad de la iniciativa se pervierte bajo el pretexto de la “protección de intereses privados sobre datos personales”, y que de esta forma se mataría la ley que regula el derecho al acceso de información pública.
Textualmente, en el articulado, se establece que “si el organismo o entidad del Estado al que se dirige la solicitud de acceso a la información advierte que la misma podría interferir con el derecho a la protección de datos personales, deberá notificar al titular de los datos concernidos. (…) El titular de los datos contará con un plazo de cinco días para presentar oposición motivada a la solicitud de acceso formulada”.
Finalmente, otro obstáculo es que se deberá emitir un dictamen jurídico de la institución cuando haya oposición del funcionario.
