Wilson Ferreira
ALTO PARANÁ
“Tenemos 1.500 kilos de poroto que se están pudriendo. Los compramos a los socios pensando que íbamos a vender al programa Hambre Cero, como el año pasado, pero este año nos dicen que ya tienen todo”, relató. El Programa Hambre Cero, que este 2025 amplió su cobertura a 152 instituciones educativas en el departamento y atiende a más de 13.000 alumnos, adjudicó más de G. 87.600 millones a siete proveedoras.
Sin embargo, estas empresas no tienen relación directa con los productores locales. “No tenemos contacto con las empresas proveedoras. No los encontramos. Ellos no vienen a ver qué tenemos ni nosotros sabemos a dónde ir. Es como si estuviéramos afuera de todo”, lamenta Martínez.
Solo una asociación dentro de Chino Kue logra vender bananas. Pero el resto de los productos –tomates, queso, arvejas, harina de maíz, locote y otros verdes– no tienen salida. “El año pasado vendimos bien entre setiembre y noviembre. Este año, nada. Nos dijeron que ya tenían todo listo, que no necesitaban más”, cuenta.
A eso se suman las exigencias de que las arvejas estén enlatadas, que la harina esté empacada con registro sanitario, que los productos tengan empaque y trazabilidad. “¿Cómo vamos a tener eso si ni siquiera tenemos silo para guardar la producción? Nos falta apoyo técnico, logístico, comercial”, remarca.
AYUDA. Piden que las instituciones estatales –el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Gobernación de Alto Paraná, y el Ministerio de Industria y Comercio– actúen como verdaderos articuladores. “Necesitamos que nos conecten con las empresas. Que nos preparen para vender. Nosotros tenemos productos sanos, frescos. Solo queremos trabajar y que nuestros hijos también coman bien”, afirma. Este contexto adverso no solo afecta a los productores, sino también a las comunidades enteras. “Estamos hablando del almuerzo escolar. Nuestros hijos, los hijos de nuestros vecinos, podrían estar comiendo lo que cultivamos acá mismo. Pero no. Se compran productos de otros lados, de empresas que no pisan el campo”. En la sede de la Gobernación, se realizó una reunión interinstitucional. Participaron intendentes, representantes ministeriales y actores del programa. Edgar Torres, intendente de Santa Rita, defendió la iniciativa, pero reconoció falencias. “Hay mucha confusión sobre cómo funciona el sistema. Las empresas buscan precio, calidad y volumen constante. Pero los productores no siempre tienen esas condiciones. Por eso se necesita planificación, acompañamiento y voluntad política”.