El abogado y doctor en Criminología Juan Martens cuestionó el decreto del presidente Santiago Peña que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y extiende la militarización a casi todo el territorio nacional. Precisó que la medida representa “un riesgo para la democracia” porque vulnera el mandato constitucional de separación entre funciones policiales y militares, establecido en la Constitución de 1992.
“Este decreto de Peña que extiende la militarización a todo el territorio nacional es un riesgo para la democracia, ¿por qué? Porque subvierte el orden y el mandato constitucional de una separación taxativa de tareas policiales y tareas militares”, expresó Martens.
Recordó que la Constitución Nacional reservó a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía y la seguridad ante agresiones externas, al dejar la seguridad interna en manos de la Policía Nacional. Explicó que esta división responde a la experiencia de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando los militares fueron utilizados para imponer la voluntad del régimen de un grupo político en el Gobierno, que produjo desapariciones, muertes y cierres de medios de comunicación.
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Martens alertó que la ampliación del despliegue militar habilita, en términos concretos, la posibilidad de utilizar el poder bélico real o simbólico para imponer decisiones políticas. “Lo que hace el grupo político que militariza al país es decir, tenemos el poder bélico, tenemos los tanques, tenemos a las Fuerzas Armadas. Así es que podemos imponer nuestras decisiones, podemos imponer nuestras voluntades”, expresó.
"¿Quién se opondría a este grupo político si cada vez más tiene la posibilidad de demostrar su poder? Y hoy vemos en el mundo, cómo, muy a pesar de las leyes, quien impone su voluntad es el que tiene el aparato bélico, quien es el que tiene el poder militar. Ese es el riesgo concreto hoy con esta militarización”, manifestó.
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También señaló que desde el inicio del actual Gobierno, la militarización se fue extendiendo progresivamente. Recordó que primero se amplió en el Norte y luego en el Departamento de Canindeyú en 2024 para enfrentar a Felipe Santiago Acosta alias Macho. “Macho sigue vivito y coleando”.
Posteriormente, la medida alcanzó a Itapúa, Misiones y Ñeembucú hasta abarcar ahora casi todo el país.
Para Martens, el argumento de la lucha contra el crimen organizado no se sostiene.
“Lo que hizo Peña es ampliar absolutamente la posibilidad de acción. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la intencionalidad política por detrás de esta decisión, porque efectivamente la lucha contra el crimen organizado no es no es efectiva?”, señaló.
Mencionó que en el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) “son 13, como ellos mismos dicen, y siguen a pesar de la existencia de la FTC”.
“Entonces, no es la desaparición ni la neutralización del crimen organizado, sino que hay una intencionalidad política en el uso de las Fuerzas Armadas para aumentar su posibilidad de acción e intervención”, aseveró.
