La senadora del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González encabezó ayer una capacitación sobre la presentación de la declaración jurada de intereses, como está estipulado en la Ley N° 7089/23, y advirtió de los cambios que se están gestando en el Congreso para reducir información y límites establecidos en la ley vigente, todo en medio de los escándalos políticos-sexuales que sirven de distracción.
Asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) para explicar el método correcto para completar el documento y la propia senadora llenó el formulario para presentar.
Liz Argüello, representante de la CGR, refirió que el llenado del documento es bastante amigable siguiendo las indicaciones y que esta presentación la realizan los sujetos obligados a la legislación que son legisladores y directores de mayor rango, que suman unos 40.000 funcionarios públicos, según había detallado el contralor Camilo Benítez.
“Actualmente estamos teniendo 13 organismos que cumplen con esta obligación”, dijo la funcionaria. Los sujetos obligados por la Ley 7089/23 deben presentar su declaración jurada de intereses dentro de los 15 días hábiles posteriores a la posesión del cargo y en igual término al cesar en el mismo, como así también cuando ocurra algún hecho relevante estipulado en la normativa.
El contralor había dado una prórroga hasta el 17 de noviembre, considerando que la ley es nueva. Sin embargo, mientras la CGR se prepara para recibir estas declaraciones y públicamente se opone a que haya cambios en la ley, desde el Congreso Nacional ya se iniciaron cambios.
Argumentando que la presentación es “muy complicada” o de “cumplimiento imposible”, por requerir datos de parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad, la Cámara de Diputados, y luego la de Senadores este miércoles, aprobaron modificaciones que, a criterio de varios opositores, desvirtúan el espíritu de la ley vigente.
Cambios. El Senado modificó aún más el proyecto original de Diputados, por lo que la Cámara Baja deberá ratificarse en su propuesta de modificación o aceptar la del Senado, que fue más allá.
Entre los cambios, se modifican 18 artículos y derogan 4. Se establece que los datos del funcionario que manifieste en su declaración jurada de intereses sean públicos, no así del grupo familiar.
Además, señala que una declaración jurada errónea o falsa será sancionable solamente si se demuestra que hubo mala fe o conducta dolosa por parte del declarante.
Se “corrige” lo que se entiende por conflictos de intereses y se elimina el grupo familiar en las definiciones, por atentar supuestamente contra el derecho a la intimidad y para hacer que “la ley sea aplicable”.
