Entre los procesados están el general Jorge Antonio Orué –entonces director de la Dirección de Material Bélico (Dimabel)–, el coronel Bienvenido Fretes y el general Arturo González.
Las investigaciones se iniciaron en diciembre del 2021, luego de que el Departamento de Inteligencia de la Senad descubriera una “estructura criminal asentada en nuestro país”.
Se habían hecho en el país vecino incautaciones de importantes cantidades de armas de fuego y tras un examen balístico se han podido recuperar algunos números de series que tenían la inscripción de la empresa paraguaya International Auto-Supply SA.
Esta firma “era utilizada a ese efecto como una estructura legal para, posteriormente, realizar la venta de armas”, según los fiscales.
La organización criminal, además, contaba con la colaboración de varias personas que cumplían supuestamente funciones específicas, como ser propietarios de comercios de productos de caza y pesca, intermediarios para la venta de armas, y los propios funcionarios de Dimabel.
MODUS OPERANDI. Varios prestanombres compraban las armas y luego las entregaban a los que se encargaban de realizar el borrado del serial, “para evitar su trazabilidad”, en el caso de que sean incautadas.
Ya de una vez enviaban los armamentos a “los verdaderos adquirientes”, que eran los miembros de organizaciones criminales, como el Comando Vermelho o el Primer Comando Capital (PCC).
LOS ACUSADOS. Los militares acusados habrían tenido una participación vital en el esquema, y habrían recibido “pagos y promesas de beneficios”, así como “entrega de regalos”. Todo esto por parte de Diego Dirisio, supuesto líder de la organización.
En cuanto al general Orué, este habría usado “su influencia como director de la Dimabel para intervenir en procesos administrativos que la empresa se encontraba gestionando”.
Entre ellos estaban los requisitos para importación de armas, gestiones que presuntos compradores debían realizar ante la dirección y pedidos de informes.
El Ministerio Público pudo acceder a conversaciones del año 2019, que revelarían las intervenciones del ex director y demostrarían que él facilitó los trámites necesarios a favor de la empresa International Auto-Supply SA y de Diego Dirisio “a cambio de dádivas”.
Con relación al coronel Fretes, este supuestamente “prestó servicios desde nuestro país a la organización criminal para el tráfico internacional de armas de fuego durante los años 2020 y 2021”.
También habría intervenido “para agilizar la tramitación de registros comerciales de la empresa IAS y otras empresas ante el Registro Nacional de Armas (Renar)”.
Por último, según la Fiscalía, se fortaleció también las sospechas contra el general Arturo González, quien presuntamente usó sus influencias “en las altas esferas castrenses” para nombrar al director de Dimabel y a otros funcionarios “en puestos claves y estratégicos”, todo para beneficiar al esquema criminal.
