Tras un año de sobreseimiento provisional, el fiscal los acusó la semana pasada por haber causado supuestamente un perjuicio patrimonial de más de G. 331 millones a la firma Biotécnica SRL.
En conferencia de prensa, Sasiain junto a sus abogados, denunciaron que supuestamente el agente, siendo interino, cometió irregularidades.
DILIGENCIAS NO HECHAS. El abogado José Ignacio González Macchi sostuvo que el fiscal se equivocó.
Se había resuelto dar el sobreseimiento provisional para que la Fiscalía tenga un año más para seguir investigando, y de las siete diligencias que debían hacerse en ese tiempo, Corvalán hizo solo una, que fue tomar una testifical que el propio Sasiain solicitó, por lo que esta prueba era a su favor, explicaron.
Entre las diligencias pendientes estaba también una pericia contable a fin de comprobar el perjuicio patrimonial, pero esta no se hizo.
“Es muy peligroso que la Fiscalía haya tomado este tipo de acción. Es un apriete, fuimos nosotros los que solicitamos la diligencia… No debemos tolerar este tipo de persecución”, explicó Sasiain, respecto a la acusación.
González ejemplificó diciendo que: “Si yo como Ministerio Público no puedo probar la existencia de un perjuicio patrimonial, me falta al menos uno de los elementos objetivos para completar mi acusación, por lo tanto no puedo acusar”.
LLAMADO. Sasiain hizo un llamado al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), de tomar cartas en el asunto.
“La querella tiene una pretensión económica y la querella es madre de Antonella y hay una situación societaria o familiar detrás. Está ocurriendo que están mal utilizando al sistema penal para realizar un apriete”, finalizó González.
