Según del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), serían 38.000 niños, niñas y adolescentes que hoy están afectados por tener a sus padres tras las rejas. ¿Qué revela esto? Que hay una profunda desprotección e invisibilidad, pese a que la ley garantiza que estos tengan un desarrollo integral.
Para hablar de hijos con padres privados de libertad, tenemos que saber a qué grupo nos referimos. Hay quienes tienen o una madre o un padre o a ambos progenitores en prisión. También hablamos de aquellos que además tienen a otro miembro más de su familia en prisión.
¿Qué es lo más preocupante de esto?, le preguntamos a la abogada Claudia Sanabria, comisionada del Mecanismo, quien explicó que inquieta la invisibilidad de esta población y que no salten las alarmas cuando se tramita el proceso que envuelve al adulto sancionado, “entonces se extiende la pena y se castiga también a la familia, especialmente a los niños, niñas y adolescentes”.
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El movimiento global Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) ya informaba años atrás que “separados de sus padres, (los hijos) tienen que adaptarse a una nueva vida con mudanzas, cambios de escuela, o cambio de nuevos cuidadores”.
Incluso “debe pensarse muy bien qué decirles a sus amigos y muchos tendrán que hacer frente a la nueva realidad de ver a su padre en prisión, viajar un largo camino para una visita corta, de una hora o menos”.
Claudia Sanabria detalló que sigue pasando que, los padres y madres, al ser detenidos o procesados, como no se conoce su situación familiar, si tienen hijos y dónde están, estos quedan al cuidado de un tercero, a veces incluso, no familiar.
“En este punto se inicia la desprotección y es la puerta de entrada para otras vulneraciones (criadazgo, malos tratos, abuso sexual)”, explicó la experta.
¿Cómo pasan las fiestas?
Los hijos de privados de libertad pasan las festividades lejos de madres o padres, o en el mejor de los casos, con alguna visita puntual a la penitenciaría. Esto si hay “suerte” –detalló Sanabria–, es decir, si han podido conseguir un adulto referente que pueda llevarles a la visita, y si consiguen los medios económicos para hacerlo.
Recordó también que si ellos llegan a hacer las visitas en las cárceles, estos espacios “no son amigables”, y los niños, niñas y adolescentes muchas veces pasan por controles que vulneran su dignidad.
“Las carencias en las penitenciarías también dificultan que el vínculo se mantenga por otros medios, como los telemáticos, que haría más fluida la relación en algunos casos”. También “juega en contra que las personas privadas de libertad no se encuentran cerca de sus familias”, lo que genera un desarraigo constante que atenta contra el derecho del niño a vivir en familia.
La separación familiar
El MNP conoció de cerca las realidades.
Una mujer procesada por un delito de drogas, desesperada y con ansiedad, pidió ayuda por la situación de desprotección en la que quedaron sus dos hijos, uno con una discapacidad y dependencia total, y una adolescente diagnosticada con depresión.
Ambos quedaron bajo el cuidado de la abuela materna, sin apoyo alguno, en situación de pobreza, en una casa precaria.
“El niño que requería atención integral en salud, muere mientras se intentaba lograr que le otorguen una medida alternativa a la madre”, revela el informe del MNP.
En otro caso, una niña había estado con su madre hasta los cinco años viviendo en el Buen Pastor. Según la normativa, tuvo que ser separada después y se la llevó a un hogar distante a 150 km de Asunción.
Perdió contacto con sus familiares. Ella estaba triste, “el sistema había vulnerado su derecho a vivir en familia y a mantener el vínculo familiar”, dice el informe.
¿Se cumple la ley?
La ley es clara en la intención: garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes cuyos padres, madres o ambos progenitores se encuentran privados de libertad.
Ello se ve en la ley que adopta la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 57/90) y el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como la ley que promueve el derecho del niño a vivir en familia (Ley 6486/2020); sin embargo, la realidad es completamente otra.
Esos 38.000 hijos “a menudo, son invisibles en las políticas públicas y ante la Justicia”, revela Claudia Sanabria.
Falta poner en vigencia el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (SNPPI), que permitiría que todo niño, niña y adolescente tenga una respuesta de protección en su propia comunidad.
Hoy no hay una formación especializada de los actores que intervienen en la protección, y lo peor, hay una carencia de presupuesto público.
Traslados sin velar por los niños
El informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) señala que los operativos llamados de “descongestionamiento” en las cárceles no previeron los derechos de los niños de vivir en familia.
En el Operativo Veneratio conllevó el traslado de presos desde el penal de Tacumbú a otras penitenciarías, “sin tener en cuenta el derecho a vivir en familia”. Lo mismo pasó con el Operativo Umbral.
También se implementaron los módulos de máxima seguridad, “que no contemplan la posibilidad de que los reclusos se vinculen con sus hijos. “Esta situación se mantiene, teniendo en cuenta que el ordenamiento de las penitenciarías no se está considerando desde la perspectiva de uno de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, pero, además, desde la perspectiva del derecho del niño”, dijo Claudia Sanabria, comisionada.
Explicó que los privados de libertad deben quedar en el territorio cercano a su comunidad y su familia, para no desarraigarlos procesalmente y con miras a la reinserción, que facilitan también los derechos del niño.
