En consonancia, también hemos recopilado datos lanzados día tras día por el Sistema de Emergencias 911, que dan una cifra sumamente alarmante de 22.905 llamadas de denuncias de violencia familiar registradas desde el 1 de enero al 26 de diciembre, solamente en Asunción.
Según datos del Ministerio Público, el delito de violencia intrafamiliar –el que más golpea en el seno de las familias paraguayas–, registró su mayor registro de casos en el Departamento Central con 12.837 atenciones; en Asunción se registraron 3.554 denuncias, mientras Alto Paraná quedó en tercer lugar con 2.724 casos y Caaguazú en cuarto, con 1.512 denuncias.
Respecto a estas cifras, la psicóloga Alma Segovia menciona para nuestro medio que este 2025 ha puesto en evidencia una realidad cruda y persistente en nuestro país: la violencia contra las mujeres no cede espacio.
La profesional apunta que esta diferencia entre las llamadas al 911 y los datos del Ministerio Público no necesariamente indica desinterés policial, sino que refleja, “múltiples llamadas por un mismo caso; llamadas de testigos, vecinos o familiares; falta de articulación entre los sistemas de registro”.
También reflexiona que las cifras muestran la desesperación de las víctimas, que acuden al 911 como primer recurso inmediato, aunque luego no formalicen la denuncia.
“Estas cifras muestran, más que indiferencias, un sistema fragmentado y una sociedad que empieza a romper el silencio, pero que aún choca con barreras institucionales”, lamentó.
Puntualizó que a pesar de los esfuerzos institucionales y la mayor visibilidad del tema en la agenda pública, las cifras siguen siendo alarmantes y las historias detrás de los números revelan un entramado social, cultural e institucional que dificulta su erradicación total.
La profesional apuntó a que la violencia de género en el país no es un fenómeno ais-lado; responde a estructuras profundamente arraigadas como el machismo cultural, que aún justifica roles de subordinación femenina, se combina con una normalización de la violencia doméstica como “asunto privado”.
A esto se suma la crisis económica pospandemia que ha incrementado el estrés en los hogares y limitado las opciones de autonomía de muchas mujeres.
Respecto a la falta de justicia, refirió que la impunidad también juega un papel crucial, ya que muchos agresores no enfrentan consecuencias debido a la lentitud del sistema judicial y la falta de recursos para el seguimiento de casos.
Impactos. “Las víctimas directas enfrentan daños físicos, pero también psicológicos de larga duración: Ansiedad, depresión, estrés postraumático y pérdida de autoestima. Muchas abandonan sus estudios o trabajos retrocediendo en su independencia económica. Los hijos e hijas de estas mujeres son víctimas indirectas, pero profundamente afectados”, detalló.
