¿Por qué guiar ahora un proceso que está en el cajón del ministro Alexandre de Moraes desde 2021? La pregunta resuena con cada vez más fuerza en la sociedad brasileña. No se trata de una mera coincidencia burocrática. La solicitud de sentencia sobre la acción que cuestiona los límites constitucionales de los acuerdos de culpabilidad llega precisamente en el momento en que se intensifican las negociaciones sobre una posible colaboración de Daniel Vorcaro, personaje central de un escándalo que ya arroja sombras inquietantes sobre los miembros del máximo tribunal del país.
La coincidencia temporal es elocuente. Y, en la política y el mundo institucional, coincidencias como éstas suelen ser devastadoras. Aunque jurídicamente legítima, la iniciativa produce un efecto político inevitable: transmite a la opinión pública la sensación de que se intenta volver a discutir las reglas del juego precisamente cuando una acusación potencialmente explosiva amenaza con aportar nuevas revelaciones al debate nacional.
El problema central ya no es sólo legal. Es moral. Es institucional. Es la percepción pública. El Tribunal Supremo Federal debe ser el máximo guardián de la Constitución y de la seguridad jurídica. Sin embargo, con cada nuevo episodio, una parte cada vez mayor de la población percibe que la Corte se aleja de las aspiraciones éticas de la sociedad y se hunde en una preocupante crisis de credibilidad.
Cuando los ministros de la Corte Suprema aparecen frecuentemente asociados con controversias, sospechas, conflictos de intereses y decisiones políticamente sensibles, la confianza popular se deteriora. Y vale la pena recordar que la confianza es el activo más importante de cualquier tribunal constitucional. Sin él, sólo queda la autoridad formal, desprovista de legitimidad moral.
Lo que la sociedad espera en este momento es claridad, transparencia y una investigación rigurosa. Espera que los hechos sospechosos sean investigados de forma independiente. Espera que las autoridades involucradas sean sometidas al mismo escrutinio que se exige a cualquier ciudadano. Lo que el país ya no acepta es la impresión de un blindaje institucional o de mecanismos procesales movilizados para obstaculizar investigaciones sensibles.
Brasil atraviesa un momento delicado. Las instituciones no pueden darse el lujo de dar la impresión de que actúan en defensa propia. Cuando esto sucede, se establece un ambiente de incredulidad, cinismo y erosión democrática.
El STF aún puede recuperar su autoridad moral. Pero, para hacerlo, es necesario comprender una verdad elemental: los magistrados no sólo deben ser imparciales. Deben parecer imparciales. Y, sobre todo, deben actuar de manera que nunca permitan que la sombra de la conveniencia se cierne sobre sus decisiones.
Porque la Justicia sin la confianza pública deja de ser Justicia. Se convierte en sólo poder.
