El aumento del 5% del salario mínimo realizado por decreto a regir desde el mes de julio generó un debate que, aunque necesario, no se da en un contexto adecuado para la negociación. Las discusiones sobre este tema tan delicado para la calidad de vida necesitan un escenario alejado de la coyuntura particular y conflictiva y con posiciones polarizadas. Las autoridades deben convocar a empleadores y trabajadores y entre los tres sectores comprometerse a un diálogo constructivo que redunde en un beneficio conjunto para los trabajadores y empleadores, sin importar el tiempo de pueda llevar.
El salario mínimo legal es una de las herramientas de política económica y social más importante para la redistribución del ingreso y la garantía de una vida digna para la clase trabajadora. La legislación actual establece un sistema de reajuste anual automatizado basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Con la legislación anterior el salario mínimo se modificaba únicamente cuando la inflación acumulada alcanzaba el 10% desde el último reajuste. Este esquema generaba desfases temporales prolongados, en el que los trabajadores perdían poder de compra antes de la actualización salarial.
En este momento, luego del aumento por decreto, el debate en torno al salario mínimo se produce en el marco de la polarización de visiones entre los sectores involucrados. Para las centrales obreras, el salario mínimo actual es de subsistencia y se encuentra rezagado respecto a las necesidades básicas de una familia tipo paraguaya (vivienda, salud, educación y alimentación).
Los sindicatos argumentan que basar el aumento exclusivamente en el IPC del BCP perpetúa la pérdida del poder adquisitivo. Exigen que la discusión incluya una canasta básica obrera real y que se incorpore la pérdida histórica del valor del dinero.
Por su parte, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y otros gremios de la producción advierten que aumentos desmedidos o basados en criterios políticos, sin considerar la productividad laboral, restan competitividad al país. El sector empresarial enfatiza que las mipymes, que constituyen más del 90% del tejido empresarial paraguayo, no tienen el mismo margen financiero que las grandes corporaciones para absorber costos fijos elevados. Para este sector, un ajuste inadecuado incentiva el desempleo o el refugio en la economía informal.
El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el BCP, debe velar por la paz social y el bienestar de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tiene la obligación de mantener la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación, objetivos que requieren predictibilidad en los costos laborales.
Las deficiencias actuales del mecanismo de fijación del salario mínimo exigen un diálogo tripartito como un espacio de negociación técnica, continua y vinculante. Este diálogo permitiría construir, de manera conjunta y consensuada, nuevos indicadores que legitimen el debate, las negociaciones y los acuerdos. La desconfianza de los trabajadores y de la ciudadanía en general del IPC no contribuyen a la construcción de acuerdos.
Por otro lado, cualquier cálculo de actualización del salario mínimo no debe mirar solo al pasado (inflación), sino al futuro (productividad). Si una economía o sector produce más y mejor, ese excedente debe reflejarse legalmente en los salarios.
Cualquier solución debe impulsar el aumento de la formalización dado el alto nivel de incumplimiento de las normas laborales en el país. La modificación del mecanismo de actualización del salario mínimo no es solo una urgencia económica, sino un imperativo democrático. El Gobierno debe convocar a un diálogo tripartito que busque diseñar una fórmula de actualización salarial equitativa, que dignifique al trabajador, proteja la supervivencia de las empresas y consolide el desarrollo del Paraguay.
