Las realidades de carencia e ineficiencia del Instituto de Previsión Social (IPS) son lamentablemente conocidas por los asegurados. Hoy, en un nuevo capítulo del oprobio a la ciudadanía, se ha tomado conocimiento de procedimientos irregulares en el Chaco Central que afectarían no solamente la eficiencia en la atención de los asegurados, sino también los recursos de la institución. Para que la entidad pueda proveer seguridad social a los trabajadores del país se necesita transparencia absoluta y terminar de una vez con la corruptela.
Una investigación periodística conjunta de Última Hora y Telefuturo ha expuesto irregularidades en la gestión del IPS en el Chaco. Se revela que existe todo un esquema que se aprovecha de los recursos de la previsional, en desmedro de la calidad de la atención. La pesquisa ha expuesto asimismo una millonaria fuga de fondos desembolsados por la entidad.
En el Departamento de Boquerón, el Instituto de Previsión Social ha tercerizado los servicios de atención médica y lo hace a través de contratos con hospitales de las cooperativas de la zona: Filadelfia de la Asociación Menonita Colonia Fernheim, Loma Plata de la Asociación Civil Chortitzer Komitee y Concordia de la Cooperativa Multiactiva Neuland Limitada. Cuando los montos asignados se agotan se terminan los contratos.
En el año 2022, las cooperativas recibieron G. 57.800 millones para cubrir el servicio hasta el mes de noviembre de 2024, pero este monto fue utilizado rápidamente en 14 meses, lo que deja a la deriva a los asegurados desde en enero de 2024. Para restablecer las atenciones médicas se tuvo que ampliar el contrato en unos G. 11.570 millones más que tan solo duraron hasta abril.
En mayo de este año IPS adjudicó por vía de la excepción por otros G. 35.000 millones para diez meses más de atención a los asegurados. Considerando el contrato inicial, la ampliación y el nuevo contrato de emergencia, IPS ha destinado G.104.479.358.171 para cubrir la salud de los casi 22.000 asegurados de Boquerón, de noviembre de 2022 a noviembre de 2024.
Sin embargo, mediante la labor periodística se pudo encontrar numerosas irregularidades en la prestación de estos servicios. Los pacientes llegan a consultar a los hospitales, pero en estos lugares les cobran. Entre la decena de casos se puede citar el de la mujer embarazada de 38 semanas quien llegó al hospital Filadelfia tras un viaje de 200 kilómetros desde Campo Aceval y le informaron que no contaban con el sistema de registro de consultas, por lo que debía abonar G. 105.000. Mientras en el hospital alegan un problema con el sistema informático, los pacientes siguen padeciendo. La investigación de ÚH y Telefuturo también puso al descubierto que el Hospital de Filadelfia cobra por un estudio de rutina G.1.024.000, que en Asunción cuesta G.354.000. De acuerdo con los reclamos de los asegurados de esta zona del país, en los hospitales tercerizados de Boquerón les hacen firmar por consultas y antes de ingresar, además, otro documento en el caso de que requieran análisis, los pacientes tampoco tienen acceso al detalle de los procedimientos que se les realizaron. Asimismo, reclaman que siempre deben pagar los altos costos de los hospitales privados del Chaco habilitados para el IPS, ya que a los pacientes internados les cobran por internación y medicamentos con la excusa de que se terminó el cupo de IPS.
El Instituto de Previsión Social fue creado hace 81 años, con la finalidad de brindar a sus asegurados asistencia en caso de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en el caso de los trabajadores que tienen la titularidad, una jubilación o una pensión. Esta es una institución fundamental para los trabajadores aportantes, que sobradamente ha demostrado que es imprescindible por los servicios de salud de presta, incluso a pesar de la corrupción y la mala gestión que consume sus recursos desde hace décadas.
Como muestra explícitamente la investigación periodística, los malos manejos, la deficiente administración de los recursos y la corruptela afectan los servicios a los asegurados, pero especialmente afectan la salud y la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras del Chaco. Las irregularidades deben ser investigadas y los responsables castigados.
