Marian Rodríguez, la fiscala que investiga los casos de abuso sexual en un colegio privado de Lambaré, explicó, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que el Ministerio Público, desde un principio, sentó una postura sobre la medida cautelar y solicitó la prisión preventiva para las procesadas “por la posición obstruccionista” de las docentes con la investigación.
Las imputadas por el primer caso de abuso que salió a la luz pública estuvieron privadas de su libertad y luego fueron beneficiadas con el arresto domiciliario.
Ante esa situación, la representante del Ministerio Público explicó que se pidió una aclaratoria acerca de la medida dictada por el Tribunal de Apelaciones. Por esa razón, Rodríguez aseguró que no corresponde que las procesadas ya sean liberadas sin antes resolver eso.
“Esta mañana hemos pedido una aclaratoria, pero llama la atención que, pese a que pedimos aclaratoria y no estar firme la resolución, el Tribunal de Apelaciones notificó que se ejecute una resolución que aún no está firme”, dijo.
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Con la omisión del pedido interpuesto por el Ministerio Público, la fiscala Marian Rodríguez informó que se comunicó sobre el escrito al Juzgado Penal de Garantías para que el organismo “cuide las formas”.
Respecto a la investigación del caso, la representante del Ministerio Público informó que el proceso contra las docentes seguirá, mientras el Juzgado de la Niñez deberá adoptar las medidas de protección para los supuestos menores victimarios.
Prisión domiciliaria
Un Tribunal de Apelación revocó el pasado viernes la prisión preventiva que pesaba sobre las tres imputadas por el caso de abuso a un niño en un colegio privado de Lambaré.
El Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Guillermo Zillich y Nidia Fernández, votó por revocar la resolución de la jueza Gladys Fariña, quien dio prisión preventiva contra las tres docentes, y Lourdes Cardozo votó por la confirmación del fallo.
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Las tres docentes fueron imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado. Mientras que la directora también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/ 2019.
La Dirección General de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había tomado intervención luego de un presunto caso de abuso sexual en contra de un niño de 6 años por parte de un estudiante de 15 años el pasado 26 de abril. Otros dos menores habrían actuado de cómplices.
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Poco después, la Fiscalía dio a conocer que había otra víctima de abuso sexual y que se trataba de un niño de 7 años, cuyo caso ocurrió antes que el primero.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
