Abuso sexual en niños: Padre expresa indignación por libertad de policía acusado

De acuerdo al antecedente de la causa, el personal policial residía con su pareja sentimental, los hijos en común y la hija de otra pareja de la mujer, quien sería la víctima del suceso investigado. La víctima habría sufrido los hechos de abuso a los 8 años y recién a los 15 se animó a contar a una tía por parte del padre biológico, quien presentó una denuncia penal.

La agente fiscal Laury Rossana Vázquez, de Caazapá, se deslindó de la responsabilidad, ya que había solicitado la prisión preventiva, la cual fue concedida por un Juzgado y el hombre estuvo por un mes en la Agrupación Especializada.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones benefició al agente policial con el arresto domiciliario hace un mes, además de la posibilidad de prestar servicios en una comisaría de la ciudad, a cargo del jefe policial.

Tanto la víctima como su madre habrían sido amenazadas por el victimario y tuvieron que mudarse a la capital del país.

El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez Rolón, en su carácter de ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, había solicitado una Auditoría de Reacción Inmediata sobre la citada causa, que se tramita ante el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de la localidad de Lambaré.

El padre de la víctima relató que su ex pareja y su hija se habían trasladado hasta Caazapá hace varios años para formar familia con el policía y que él prácticamente ya no tenía comunicación con su hija y solo pudo visitarle en una ocasión.

Según menciona, el sospechoso le decía que si él volvía a ir, ya no iba a aparecer con vida, por lo que cree que su hija ya dejó de responderle el teléfono.

El hombre relató que su hija habría sufrido el hecho de abuso a los 8 años y que actualmente, con 15 años de edad, la misma se animó a contarle a una tía. Para el padre de la víctima, es indignante la actuación de la Justicia y que el hombre continúe en libertad.

Los nombres se omiten en cumplimiento al Artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe difundir datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.