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Absuelven a ex defensor del pueblo en causa por lesión de confianza

Un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Sandra Farías, Wilfrido Peralta y Héctor Escobar absolvió este lunes al ex defensor del pueblo Manuel Páez Monges, en la causa que lo investigaba por supuestamente autorizar el cobro indebido de indemnizaciones a presuntas víctimas de la dictadura stronista.

Según los miembros del Tribunal, se pudo comprobar que las personas beneficiadas con las indemnizaciones fueron realmente víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. El proceso era por presunta lesión de confianza en calidad de autor.

La sentencia será entregada el próximo lunes 13 de mayo. Por su parte, la representación del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Natalia Fúster, adelantó que apelará la decisión del Tribunal de Sentencia.

En sus alegatos finales, la fiscala pidió tres años de prisión para Manuel Páez Monges.

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La agente del Ministerio Público explicó que el cuerpo judicial no se refirió a los documentos, actas adulteradas y deficientes que figuraban en el expediente, ya que se pudo probar la calidad de víctimas de estas personas, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.

Fúster mencionó que los dictámenes no eran vinculantes y por ello no fueron tenidos en cuenta a los efectos de la comprobación del hecho.

El hecho investigado

Según la acusación fiscal, Páez Monges aparentemente vulneró el patrimonio que tenía como obligación, ya que hizo lugar al dictamen peticionado por Rubén Antonio Zárate Vera, adulterando documentos para hacer figurar a sus padres, Cipriano Zárate y Aurelia Vera, como víctimas stronistas.

De esta manera, fue indemnizado con 1.000 jornales mínimos legales, a pesar de la existencia de memos y dictámenes donde se pedía el rechazo de la indemnización e incluso se le advertía sobre la existencia de documentos adulterados.

Asimismo, los investigadores argumentaron que en la carpeta fiscal constan 10 expedientes, de los cuales seis de ellos se basan en hábeas datas adulteradas, tres por pagar a personas que cometieron hechos punibles y que incluso fueron condenadas y no por cuestiones políticas o ideológicas –como exige la ley.

En la causa también habían sido imputados Victorino González y Shirley Cantero.

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