Los casos de nepotismo que son denunciados públicamente en los medios de comunicación afectan a diferentes sectores sociales y organizaciones gremiales que manifiestan su repudio, exponiendo la desigualdad que promueve el sector político y la crisis de reputación que se genera entre las autoridades estatales.
El Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (Cadep) se sumó a este rechazo y emitió un comunicado para expresar su indignación, por lo que consideraron hechos flagrantes de nepotismo y tráfico de influencias en ambas cámaras del Congreso Nacional.
“A más del castigo ético y moral que estos impúdicos actos ameritan, en un verdadero Estado de derecho, estos deben indefectiblemente ser acompañados de la correspondiente apertura de procesos penales de oficio por parte del Ministerio Público”, subraya el texto.
El gremio señala que una investigación de la Fiscalía debe darse obligatoriamente y de oficio, sin necesidad de una denuncia formal.
Desde la semana pasada, el Ministerio Público tomó intervención de los casos sospechosos de nepotismo, pero luego de la presentación de una denuncia. Los agentes todavía analizan las acciones a tomar tras recibir una ampliación de la denuncia formal que involucra a más de 20 personas, entre senadores y diputados, ya que en principio solo fue denunciado el senador Silvio Ovelar.
El Cadep indica que la Fiscalía General tiene facultad suficiente para abrir causas penales de oficio, en vista a que se ha configurado íntegramente lo que denominan ‘noticia criminis’ de los posibles hechos punibles concretados en el Congreso.
Para la organización de abogados fueron evidentes varios hechos punibles, entre ellos el nepotismo, el tráfico de influencias y el cobro indebido de honorarios, todos de acción penal pública.
“La Fiscalía como titular legal de la acción penal pública, está obligada a investigar la existencia de tales hechos, a sus autores y cómplices y su correspondiente procesamiento penal, sin necesidad de una denuncia formal”, afirma.
El gremio insta al fiscal general Emiliano Rolón a tomar la decisión “que corresponde en derecho” y ordene la investigación de oficio de todos los casos que se dieron en el Congreso.
“Le solicitamos tenga el coraje, la valentía y la templanza necesaria de ejercer de forma real el rol que le corresponde al Ministerio Público como el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y que realmente la Fiscalía luche por lograr el castigo a los políticos que valiéndose de sus influencias y presumiendo de una posible impunidad violan flagrantemente nuestras leyes a diario en beneficio propio y en avieso detrimento del pueblo paraguayo”, concluye el comunicado.
Solo en este periodo, Raúl Latorre ya contrató a unos 500 funcionarios en la Cámara de Diputados, muchos de ellos familiares de políticos. Entre ellos, la hija del vicepresidente Pedro Alliana; el hijo del senador Silvio Ovelar; hijos de los diputados José Adorno, Roya Torres, Cleto Giménez. Así como las esposas del diputado Germán Solinger y Benjamín Cantero.
El oficialismo impulsa actualmente la ley del servicio civil para dar más orden y establecer reglas claras en las contrataciones de funcionarios y en la carrera de la función pública. Según Santiago Peña, sería la solución a los casos de nepotismo.
Solicitamos al fiscal general tenga el coraje, la valentía y la templanza de ejercer el rol de representante de la sociedad.
Pedimos que la Fiscalía luche por el castigo de los políticos que valiéndose de sus influencias violan las leyes. Colegio de Abogados, comunicado de Cadep.
