25 abr. 2024

Abogados denuncian al clan Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito

Un grupo de abogados presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el clan Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el texto se detallan los lujosos bienes de la pareja esteña, obtenidos en 17 años de carrera política.

javier zacarias irun sandra mcleod

La ex intendenta de CDE, Sandra McLeod y el senador colorado Javier Zacarías Irún.

@sandramzacarias

La denuncia fue formulada por los abogados Yolanda Paredes (esposa del senador Paraguayo Cubas), Eugenio Guerín Gómez, Miguel Ángel López y Nicolás Manfredo Russo Galeano.

Según el texto presentado ante el Ministerio Público, los hechos punibles que se le atribuyen al clan Zacarías Irún son enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y lavado de dinero.

Fueron denunciados la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod; su esposo, el senador Javier Zacarías Irún; el empresario Fernando Román Fernández y la hermana del legislador, Margarita Antonia Zacarías Irún, además de otras personas aún innominadas.

El documento hace referencia a la larga trayectoria de la pareja en el ejercicio de la función pública, haciendo hincapié en que McLeod asumió como intendenta en 2007 y sigue en el cargo hasta hoy.

Por su parte, Javier Zacarías Irún fue intendente de la capital de Alto Paraná desde el 2001 hasta principios del 2007. También fue diputado en los periodos 1993-1998 y de 1998-2001.

Millonarios bienes

En cuanto a los bienes de los líderes esteños, se consigna que la pareja reside en una vivienda lujosa en Ciudad del Este, con un valor aproximado de USD 500.000. Además, se recuerda una investigación periodística del 2017 que revelaba la adquisición de dos departamentos en Meia Praia, Itapema, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Uno de los departamentos, ubicado en el edificio Continental Exclusive Resort, está valuado en G. 3.200 millones y fue comprado en marzo del año pasado.

El segundo departamento se sitúa en el edificio Golden Coast Residence, con un valor de 1 millón de reales (G. 1.700.000.000).

En otro orden, se cita la creación de la empresa Gestiones del Este SA el 23 de octubre del 2013, con un capital de G 10.000 millones y como directivos figuran Román Fernández, Margarita y Javier Zacarías.

Por otro lado, se menciona que el 14 de enero de 2016 se dio apertura a la empresa Itapema Constructora SA, con un capital social de G 1.000 millones, siendo socios Fernando Román Fernández y Arsenio Román Fernández. La dirección de esta firma, en Ciudad del Este, coincide con la de Gestiones del Este SA.

Los abogados que entablan la denuncia argumentan que los departamentos lujosos fueron adquiridos por los Zacarías mediante dinero malhabido, proveniente de “canonjías o porcentajes obtenidos en negocios fraudulentos vinculados presumiblemente a licitaciones, contratos, adjudicaciones, dentro de la administración municipal de Ciudad del Este”.

Antes del 2001, cuando se inicia la carrera política de la pareja, según indica la denuncia, Sandra McLeod trabajaba en la farmacia de un familiar y Javier Zacarías Irún era vendedor de terrenos en la inmobiliaria Núñez.

Los denunciantes mencionan que cuando Zacarías asume la intendencia en 2001, tenía una factura de desconexión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de su casilla en el Paseo Central Público de Ciudad del Este, por un monto de G. 556.207, que fue fraccionada. El primer pago fue de G. 81.397 y el resto por G. 115.553.

Entre otros bienes que cita la denuncia se encuentran un avión, un dúplex, inmuebles dentro y fuera del país y una flota de vehículos. Destacan que todo esto fue adquirido sin que se conociera sobre algún empleo de Javier Zacarías Irún en 10 años.

Cálculo de ingresos de Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod

Los abogados que radicaron la denuncia constaron en el escrito que de 1993 a 1998, cuando Javier Zacarías Irún ocupaba el cargo de diputado, este percibía una remuneración de 3.648.600, ya que en aquel periodo era la suma establecida y no existían los otros rubros que fueron agregados en los siguientes años. Con ese sueldo, en cinco años percibió el monto de G. 218.916.000.

Posteriormente, los diputados se autoaumentaron el salario a G 32.774.840, más viáticos y combustible. En tres años de gestión, acumuló G. 1.179.894.240.

En cuanto a sus ingresos como intendente del 2001 al 2005, con un salario de G 16.582.500, sumó en cinco años G. 994.950.000. Además, fue reelecto en 2005 y ejerció el cargo por dos años más. En su reemplazo asumió su esposa, que entonces era concejala.

En el caso de Sandra McLeod, atendiendo a los ingresos percibidos como intendenta desde el 2007, los denunciantes calcularon la suma de G 3.189.900.000 por 10 años.

En total, sumados todos los ingresos de la pareja en la función pública desde 1993, se obtuvo la cifra de G. 5.583.660.240.

Comparativo de ingresos y bienes

  • Ingresos en sueldos de la pareja: G 5.583.660.240
  • Costo de dos departamentos en Itapema: G 4.900.000.000
  • Capital social de Gestiones del Este SA: G 10.000.000.000
  • Residencia de Ciudad del Este: G 2.500.000.000
  • Residencia del barrio Villa Aurelia de Asunción: G 1.500.000.000
  • Avioneta con matrícula ZP-BZI: G. 750.000.000

La denuncia presentada ante el Ministerio Público ofrece como elementos de prueba de los hechos punibles las publicaciones periodísticas y las declaraciones testificales de la senadora Georgia María Arrúa de Dolinsky y de Miguel Arrúa, hermanastros de McLeod.

También solicita se libre un exhorto al Poder Judicial de Brasil para que sean remitidos los documentos sobre los bienes adquiridos por la pareja en ese país.

Además, piden que la Contraloría General de la República remita a la Fiscalía las declaraciones juradas de los Zacarías de todos los años de ejercicio público, y que se libre oficio al Ministerio de Hacienda, de modo que la Subsecretaría de Estado de Tributación informe sobre su pago de impuestos.

Los abogados instan que se pida informe a Seprelad, ANDE y Banco Central del Paraguay (BCP) y que los denunciados reciban medidas de prisión preventiva, además del desafuero del senador.

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