El Ministerio Público informó que el agente fiscal Itálico Rienzi, a cargo de la Unidad Penal N° 2 de Mariano Roque Alonso, llevó adelante un allanamiento que derivó en la detención de un abogado investigado en el marco de una causa por estafa y otros delitos, como la producción de documentos no auténticos, entre los que habría falsificado la firma de un juez de Paz, además de la supuesta estafa por medios informáticos y cobro indebido de honorarios.
El investigador de la causa comentó a NPY que el juez de Paz de Mariano Roque Alonso, doctor Fidelino Cáceres, realizó el miércoles la denuncia para advertir que el profesional en cuestión realizaba el cobro de honorarios a una de las partes en una causa de violencia intrafamiliar de ese Juzgado.
El letrado presentó a su cliente, a través de WhatApp, documentos presuntamente apócrifos que garantizaban, con la supuesta firma del juez, que la causa había sido finiquitada cuando en realidad el proceso continuaba vigente.
La Fiscalía afirma haber constatado asimismo que dicho documento no correspondía a ningún oficio emitido por el Juzgado y presentaba firmas y membretes adulterados.
El procedimiento
Además de la denuncia del juez, la Fiscalía cuenta con códigos de transacción realizados por la ex cliente y ahora víctima de la presunta estafa por parte del abogado, por la suma de unos G. 8.080.000. También se cuenta con chats de WhatsApp en los que el letrado “ya le estaba requiriendo otros G. 300.000 para otro juicio de liquidación de la comunidad conyugal de su hermano, y tampoco ese juicio se llegó a abrir”.
Con la denuncia documentada, Rienzi solicitó al juez de turno Nelson Romero la autenticación de billetes para una entrega vigilada y la autorización de la grabación de las reuniones, así como el allanamiento posterior para recuperar el dinero que debía ser entregado de forma vigilada.
Posteriormente, el abogado fue detenido y se encontró en su poder el dinero previamente marcado, así como otros documentos relacionados con la causa que llevaba adelante, que estaban firmadas por la víctima y por su hermano, pero que en ningún momento se llegaron a presentar, según afirmaciones del agente fiscal.
“Los procedimientos de allanamientos, cámara oculta y entrega vigilada fueron realizados en coordinación con el personal de la Policía Nacional, a los efectos de colectar elementos relacionados con la causa; entre ellos teléfonos celulares, computadoras, discos duros, memorias, documentos judiciales, circuitos cerrados, así como la recuperación de billetes en entrega vigilada para su inmediata devolución al Ministerio Público”, informaron esta jornada.
