Debido a los últimos ataques y secuestros, el Consejo Nacional de Defensa (Codena) anunció que las Fuerzas Armadas intervendrán en cualquier territorio donde haya amenaza y que ya no se limitarán a los departamentos del Norte, donde actualmente opera la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Al respecto, la abogada Teresa Flecha califica la situación como un tema de doble filo, ya que hay un conflicto constitucional y legal.
Explicó que, ciertamente, la Constitución Nacional, en su artículo 175, encarga la seguridad interna de la nación a la Policía y no a las FFAA, a las que faculta de custodiar la integridad territorial y la defensa de las autoridades legítimamente constituidas.
“Sin embargo, tanto la Ley Nº 1337/99 y 5036/13 de Defensa Nacional y Seguridad Interna extienden esas funciones en favor de las FFAA durante el Estado de excepción, y en casos de situaciones extremas, otorgando facultades especiales al presidente de la República que puede ordenar la utilización de elementos de combate por parte de las FFAA dentro del territorio nacional con cargo de rendir cuentas al Congreso Nacional en el plazo de 48 horas. En otras palabras, otorga mayores poderes al comandante de las FFAA”, señaló.
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Agregó que la reglamentación de una ley y, más aún, de la Constitución Nacional debe ser realizada dentro del marco permitido por la ley de mayor jerarquía, por lo que un simple decreto puede ser cuestionado.
“Sin embargo, no se dan las condiciones ni el tiempo para la modificación de la CN porque mientras tanto el avance de la criminalidad se torna incontrolable y rebasa la capacidad de la Policía Nacional por lejos”, consideró.
La abogada manifiesta que el caso más bien pasa por una desconfianza generalizada hacia los actores del Gobierno respecto al uso de recursos militares en el territorio nacional.
“Aunque el ministro de Defensa (Gral. Óscar González) pareciera ser un militar muy prudente y explicó en qué casos serían utilizados estos elementos de combate; no obstante, el comportamiento de otros altos funcionarios, incluido el presidente de la República, que ha mentido más de una vez o ha adoptado una postura banal y al solo efecto del marketing político, es lo que hace que exista cierta resistencia”, manifestó.
Añadió que incluso hay temor a la implementación del anunciado decreto. "¿Quién garantiza que será utilizado exclusivamente para contrarrestar al crimen organizado?”, preguntó y recordó el asesinato del joven político Rodrigo Quintana ocurrido en la sede del PLRA.
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Precisó que la misión de las FFAA debe ser custodiar la integridad territorial y su función fue configurada a efectos de custodiar las fronteras, mientras que la Policía Nacional debe velar por la seguridad interna.
“Pero debemos entender que estábamos ante otra realidad, hoy esa realidad ha cambiado, y repito, no se dan las condiciones ni el tiempo para una Constituyente. Por otro lado, algo se debe hacer contra el avance de la criminalidad”, sostuvo.
Otro aspecto que debe ser considerado es la preparación profesional de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Todos sabemos que no tienen una verdadera formación táctica, salvo muy pocos que tienen la suerte de ser formados en instituciones extranjeras con base en convenios, pero es una minoría”, mencionó.
En este sentido, aseguró que llegó la hora de invertir en una mayor formación de los efectivos de las FFAA y de la Policía Nacional.
