Para el abogado, la Fiscalía “no estableció ninguna justificación legal ni moral” para vincularlos en transacciones, producto de la comercialización de estupefacientes, en sus operaciones realizadas en la Cooperativa San Cristóbal. Señala que incluso la Fiscalía maneja que las transacciones realizadas por sus defendidos corresponden a programas crediticios de la cooperativa.
