Durante una sesión extraordinaria convocada en la mañana de este martes, la Cámara de Senadores aprobó de forma general el proyecto de ley que amplía la vigencia de la Ley 6365, que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios del país. Los legisladores aprobaron ampliar la normativa por 120 días, cerca de 4 meses.
Con el documento, se busca urgentemente recontratar a casi 1.000 guardiacárceles del país sin el concurso correspondiente, por lo que se amplía el Presupuesto General de la Nación (PGN) y se establecen los objetivos del plan de seguridad penitenciaria.
Ahora, la propuesta, que provino del Poder Ejecutivo, pasa a manos de la Cámara de Diputados, para que finalmente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, defina su promulgación o veto.
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Durante el tratamiento, Hugo Richer, del Frente Guasu, manifestó que la propuesta busca continuar con el concurso de la fuerza pública y en la seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios de todo el país, pero señaló que la incidencia del crimen organizado en las cárceles demanda un mayor control.
“No es alentador que sigamos construyendo penitenciarías, no es alentador que sigamos contratando agentes penitenciarios, pero esa es una deuda que tiene el Estado en cuanto a las políticas públicas que hace referencia a la criminalidad”, expresó, tras lo cual propuso que la vigencia de la emergencia sea por un año.
La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó por su parte la propuesta y afirmó que se trata de un “blanqueo”, con el que el Poder Ejecutivo está tratando de cubrir que “no hicieron el concurso”, violando el decreto reglamentario.
Aseveró que al Ministerio de Justicia “no le interesa la seguridad”, sino que busca mantener los contratos de “operadores políticos”, a fin de que no sean desvinculados. “Quieren pasar responsabilidad al Congreso. El Ejecutivo nos está queriendo usar porque no hicieron el concurso”, sintetizó.
Este mismo martes, el ministro de Justicia, Daniel Benítez, urgió la extensión de la normativa, que entraría en vigencia por cuarto año consecutivo, para seguir contando con alrededor de 970 guardias penitenciarios que debieron ser descontratados porque la ley feneció el pasado 31 de diciembre.
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En tanto, el titular de Justicia manifestó que la Ley de Emergencia Penitenciaria incorpora la contratación de personal de blanco, como enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales odontólogos y médicos.
Además, la justificación que dio es el alto grado de hacinamiento y la incidencia de la criminalidad organizada en el sistema penitenciario, hecho que demanda un mayor grado de vigilancia y control.
