La joven María Fernanda Benítez, de 17 años, fue hallada con la mitad del cuerpo incinerado y en estado de gravidez en un patio baldío frente a la casa del joven en Coronel Oviedo.
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Luego de un fallido intento por interrumpir el embarazo de la joven, el presunto autor, también adolescente, supuestamente habría tomado la peor decisión de todas, de manera premeditada: terminar con la vida de la joven y la del bebé. A pesar del atroz crimen, se expone solo a una pena máxima de ocho años.
¿Por qué ocho años?
El abogado Óscar Tuma sostuvo que la ley paraguaya fija un máximo de 8 años para adolescentes que cometan delitos graves, debido a tratados internacionales que prohíben encerrar a menores por tiempo indefinido.
Tuma menciona que la Convención sobre los Derechos del Niño exige que “la detención de un menor solo se use como último recurso y por el plazo más breve posible”.
“Criminalizar a niños de 12 o 13 años no resuelve el problema de fondo. Paraguay es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece como edad mínima recomendada para la responsabilidad penal los 14 años”, precisó en la red social X.
Esto fue ratificado por Paraguay en 1990 (Ley 57/90) y tiene rango superior a la ley común, según lo establece el artículo 141 de la Constitución Nacional.
“También lo ordenan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre DDHH, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permite a los niños reclamar ante la ONU por encierros abusivos”, adelantó sobre las intenciones legislativas de aumentar las penas e incluso bajar la edad de imputabilidad.
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“Subir el tope actual (8 años) violaría estos tratados y puede llevar al Estado paraguayo a ser condenado internacionalmente, como le ocurrió a Argentina en el caso Mendoza vs. Estado (Corte IDH, 2013)”, recalcó.
Por otro lado, aclara que el Comité de Derechos del Niño (órgano de la ONU) recomienda en múltiples informes que la edad mínima de responsabilidad penal sea al menos de 14 años, y que no se reduzca bajo ninguna circunstancia.
En su Observación General 24 (2019), el Comité estableció que “los 14 años deben ser el umbral mínimo aceptable”.
A su vez, dijo que la justicia penal adolescente no busca venganza y su objetivo es “reeducar y reinsertar, no destruir”.
Incluso con cambio de ley, menor no podría recibir una pena mayor
Además de esta disposición, el menor solo puede declarar en presencia de un juez; caso contrario, el proceso puede ser anulado. Incluso, si la ley cambiase, el sospechoso no podría ser afectado y recibir una condena mayor, ya que las leyes no son retroactivas.
El juez especializado en Niñez y Adolescencia, Camilo Torres, reflexiona sobre el abordaje que estamos dando como sociedad en la prevención y educación de nuestros niños y adolescentes y si realmente estos pueden reinsertarse en la sociedad tras pasar por un centro educativo.
Torres manifestó que lo que antes se conocían como correccionales, ahora son los centros educativos, ya que se cambió el nombre, el paradigma, por lo que habría que ver si esta situación se está cumpliendo y si en caso de que el adolescente sea condenado se van a alcanzar esos fines de reinserción.
“Hay que preguntarnos un poco qué está pasando con los adolescentes, con los clanes. Tenemos problemas de drogas y esto hace que estas personas, de por sí ya más vulnerables, estén mucho más expuestas. Si se cometió el hecho punible merece una sanción, pero tenemos que entender en un concepto más psicosocial que solamente punitivo”, recalcó.
Mecanismo de Prevención contra la Tortura
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) manifiesta su solidaridad y compartió el dolor de la familia de la víctima de feminicidio, a quien el Estado debe responder con la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación del hecho de violencia.
En la misma línea que el abogado Óscar Tuma, expresa preocupación ante expresiones públicas que plantean impulsar iniciativas legislativas que tienen como objetivo elevar las penas, aumentar las sanciones y reducir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, así como incorporar la cadena perpetua y la pena de muerte.
En ese sentido, considera que estas iniciativas legislativas se contraponen a la Constitución Nacional y a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen un modelo de justicia juvenil basada en la protección especial y el acompañamiento integral.
“La Constitución prohíbe penas crueles, inhumanas o degradantes (artículo 5°), y entre ellas se incluyen tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, no permitidas para ninguna persona, sea adulta o adolescente”, recalcan.
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“Observamos que reducir la edad de imputabilidad penal o endurecer penas no es una respuesta efectiva frente a la criminalidad. Lejos de ser líderes del crimen organizado, muchos adolescentes son víctimas de captación y explotación por parte de estas estructuras. Responder con castigo agrava la exclusión y no aborda las causas estructurales”, cuestionan.
Finalmente, insta a pensar en reformas integrales y estructurales, y no en políticas punitivistas que no abordan las causas profundas de la problemática.
“(El MNP) reitera sus recomendaciones a los tres poderes del Estado de fortalecer las políticas públicas integrales de prevención, protección y justicia juvenil, garantizando la debida asistencia legal, apoyo psicosocial y alternativas a la privación de libertad”, señalaron.
Además del reciente caso de María Fernanda, días antes se había registrado el asesinato de un disparo del delivery Alfredo David Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción, aparentemente protagonizado por un adolescente.
Una joven mayor y otro adolescente de 16 años se encuentran detenidos, mientras se busca a un tercero.
