El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que en total son unos 40.000 funcionarios públicos quienes deben presentar su declaración de conflicto de interés, según la nueva ley vigente, cuyo plazo es el 17 de noviembre.
“La solicitud de prórroga del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público fue concedida, y somos conscientes de que la implementación de esta novel ley tiene sus exigencias y burocracia, por lo que es entendible que se otorgue un mayor plazo... Fueron 30 días más, hasta el 17 de noviembre, creo que ya sería el último plazo”, dijo.
Recordó que está vigente la Ley 7089/2023, que “Establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, por lo que la institución a su cargo trabaja en función a eso, más allá de los proyectos de modificación que están siendo tratados en el Congreso.
“La ley está vigente y los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración de conflicto de interés, y tienen que declarar a sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad”, detalló.
proyecto de cambio. Benítez detalló que ya se han posicionado respecto al proyecto de modificación a la ley, pero que respetarán lo que decidan los legisladores.
Si bien dijo que la postura de la Contraloría General de la República (CGR) es que no se modifique la ley actual, explicó que el argumento de los que impulsan el proyecto de cambio es que algunos funcionarios públicos no tienen buenas relaciones con sus parientes y la ley requiere sus datos.
Anunció que harán cursos de capacitación para legisladores y especificó que cuando en la CGR observan una omisión de datos en las declaraciones, remiten automáticamente al Ministerio Público.
Independencia. El contralor habló ayer en el foro internacional denominado Desafíos y oportunidades de la relación entre el Poder Legislativo y las entidades fiscalizadoras superiores”, que se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional.
Señaló que los contralores no deben representar a un grupo político, sino responder al 100% del Congreso, lo que es de importancia extrema para garantizar la independencia política de la entidad fiscalizadora superior.
La actividad fue llevada adelante por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), en el marco de su aniversario número 60.
Participaron como expositores María Graciela de la Rosa, de la Auditoría General de la Nación de Argentina; y Diego Iñíguez, del Tribunal de Cuentas de España.
La ley está vigente y los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración de conflicto de interés.
Tienen que declarar a sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Camilo Benítez Contralor general
