–Se cumplen 35 años de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué análisis das?
–Se cumple un nuevo año más de un instrumento que fue el primero que se logra ratificar y convertirse en un instrumento universal. Es un hito porque la mayor parte de los países que firmaron coincidieron en la importancia de asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Son 35 años de un instrumento que contempla cuatro grandes grupos: desarrollo y educación, participación y protección. Y, realmente todavía estamos en deuda con la Convención de los Derechos del Niño, no solamente Paraguay, sino a nivel mundial.
No podemos hablar de que haya un país que efectivamente esté en regla con todo lo que significa la Convención, esa promesa que les hicimos a todos los niños y niñas de asegurar que todas sus necesidades estén satisfechas para lograr su pleno potencial.
–Y, ¿a causa de qué eso?
–En el caso de América Latina podemos hablar, y sobre todo Paraguay, que todavía tenemos un déficit en inversión en políticas universales: salud y educación.
O sea, hoy los niños y niñas que nacen en Paraguay no tienen asegurado totalmente una educación de calidad, una cobertura de salud que implicaría que no tenga problemas. Todavía como país necesitamos mejorar la inversión y la gestión. Hemos avanzado en protección, pero necesitamos asegurar un fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.
Si bien hemos avanzado, hoy, prácticamente casi todas las municipalidades tienen una Codeni, que es la Consejería Municipal por los Derechos de los Niños, que atiende preventivamente a nivel comunitario. Necesitamos fortalecer esas instancias en todo el país. Creo que el énfasis tiene que ser en las brechas, en los lugares donde están más alejados y la institucionalidad es más precaria: zona Chaco paraguayo, o departamentos donde la pobreza es mayor.
Necesitamos asegurar que cualquier niño que nazca en Paraguay, sea donde sea, tenga los mismos derechos.
–¿Y qué falta para que las políticas públicas prioricen esos derechos?
–Yo creo que falta, sobre todo, el compromiso para avanzar más sostenidamente y asegurar efectivamente la igualdad, en el sentido de que todos los niños y niñas tengan sus derechos cumplidos en materia de educación, salud, protección y de participación.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Asegurar tener un sistema de información que nos pueda dar la pauta de cuántos niños están quedando fuera, a cuántos niños no estamos llegando. Tenemos todavía un sistema de información (registros y estadísticas) que necesita mejorarse.
Actualmente, existen registros, son generados por diferentes instituciones, no hay uno que sea sistematizado. Necesitamos tener un sistema que logré tener una mayor conexión, para asegurar realmente cuántos niños y niñas están siendo afectados por situaciones de violencia o abuso, por ejemplo.
–Con relación a casos de explotación y abuso infantil, ¿sigue siendo una preocupación para ustedes?
–Absolutamente, es una preocupación compartida en general de la sociedad civil, pero también de autores institucionales, de que necesitamos mejorar notablemente la articulación de los programas de nuestros gobiernos, tanto a nivel local (municipal), como a nivel departamental, y a nivel nacional, para ir disminuyendo las dolorosas cifras.
Son casos que realmente te interpelan en el sentido de que estamos llegando tarde.
Necesitamos trabajar más eficientemente para asegurar que la gente que se entera de que existe alguna situación, pueda reportar lo antes posible, que las autoridades reaccionen. Falta trabajar más la prevención en escuelas para que los niños sepan a quienes pueden recurrir.
Muchas veces en las escuelas, con la información sobre estas situaciones es que los niños a veces se dan cuenta que algo está mal. Si no tiene la información adecuada ni siquiera saben que están siendo abusados.
Las campañas del Ministerio de la Niñez, a través de la campaña del Lazo Verde, creo que es algo muy importante continuar haciendo. Pero sin duda necesitamos contribuir este esfuerzo de manera más articulada para disminuir la cantidad de impunidad que a veces rodea a las personas que son los victimarios.
–¿Hay cambios legislativos que faltan realizarse?
–Paraguay tiene un marco legislativo bastante robusto en materia de niñez y adolescencia. En realidad, el ejercicio legislativo que se ha hecho hasta ahora es que Paraguay ha prácticamente firmado todos los tratados internacionales de derechos humanos tanto a nivel del nivel internacional como interamericano. Y tenemos una Constitución garantista que incluye los principios de la Convención.
También tenemos un Código de la Niñez y Adolescencia, que responde a los lineamientos de la Convención y después otras leyes que fueron abordando diferentes materias que necesitaban tener una respuesta legislativa. Este año se está dando respuesta a una recomendación del Comité de Derechos del Niño (de la ONU), que es prohibir el criadazgo, que esto era una práctica vigente en Paraguay, que se asienta en una naturalización. Es importante avanzar en una ley donde el Estado paraguayo defina que es una práctica que no puede ser tolerada.
Necesitamos avanzar en una legislación que anime al Estado a desarrollar respuestas para que gradualmente esta sea una práctica que se estudie en el libro de historia, no lean en el diario.
–Último punto, ¿cómo seguir trabajando como equipo entre Gobierno, sociedad civil y organismos internacionales para proteger los derechos de la infancia?
–Una cuestión clave es entender que Paraguay, sus leyes, están todas alineadas bajo el mismo paraguas. Lo que necesitamos es asegurar una participación activa, un reconocimiento del rol que cada quien tiene en situaciones que afectan a niños y niñas y adolescentes.
Sociedad civil ha cooperado en todo este tiempo y necesitamos sí trabajar más eficientemente con las diferentes instancias, con apoyo de la cooperación internacional, es el camino el trabajo conjunto articulado.
¿Dónde empezar? Una cuestión fundamental es a nivel municipal, donde están más cerca los niños y niñas.
