El plazo para vetar el proyecto de ley que amplía por un año el mandato de intendentes y concejales de las diversas municipalidades del país vencía este lunes. Ante la falta de pronunciamiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la normativa quedó promulgada, pese a que esto podría implicar un importante gasto para el erario público.
De esta manera, las administraciones de las autoridades municipales electas en las elecciones del año 2021 serán prorrogadas hasta el año 2026, informó Roberto Santander, periodista de Última Hora.
La propuesta de ley había sido planteada debido a que el periodo municipal 2015-2020 fue extendido hasta el año 2021 ante la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, por lo que intendentes y concejales estuvieron seis años en sus cargos.
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Como argumento del proyecto se indicaba una “desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales, dejando a los actuales con un periodo más corto”, así como se mencionaba que el caso traerá incumplimientos en la conclusión de proyectos a ejecutarse.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la normativa el pasado 29 de setiembre, cuando varios parlamentarios se mostraron en contra. Kattya González, de Encuentro Nacional, por ejemplo, señaló que constituye un atropello a la Constitución Nacional y las leyes.
En tanto, otros legisladores de la bancada cartista y otros liberales se mostraron a favor y recordaron el artículo 250 del Código Electoral, donde se prevé que las autoridades municipales deben cumplir un periodo de cinco años.
Posteriormente, el 3 de noviembre pasado, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley con 24 votos a favor, mientras que 12 senadores votaron por el rechazo, uno se abstuvo y ocho estuvieron ausentes.
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En la oportunidad, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, argumentó que si los intendentes y concejales hacen un buen trabajo tienen el premio de la reelección, pero que en esta ocasión fueron votados y convocados por solo cuatro años, por lo que apeló al rechazo.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también se pronunciaron en contra de la ley, señalando que esto implicaría una gran inversión del Estado, puesto que se realizarían elecciones tres años consecutivos. Además, se mencionaba que las campañas electorales no van a parar, por lo que se someterá a la ciudadanía a periodos muy continuos.
