Declaración jurada
El senador Tony Apuril plantea conformar un equipo interinstitucional para investigar las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos, específicamente de aquellos que aprovecharon sus cargos para lograr fortunas y patrimonios que no pueden justificar.
El senador colorado Sergio Daniel Godoy Codas declaró en el año 2014 un patrimonio de G. 8.763 millones. Sin embargo, sus activos sumaban G. 24.900 millones. La diferencia entre sus bienes la justificó con llamativas deudas que superan los G. 16.000 millones.
Según consta en sus declaraciones juradas, dos senadores colorados cuentan con patrimonios multimillonarios, con cifras que superan los G. 20.000 millones, mientras que la mayoría de sus pares cuentan en promedio con un patrimonio neto de G. 1.000 millones.
De los 45 miembros de la Cámara de Senadores, solo tres de ellos declararon un patrimonio inferior a los G. 200 millones. La mayor parte de los integrantes de la Cámara Alta manifiesta contar con bienes por más de G. 1.000 millones.
Según consta en las declaraciones juradas publicadas por la Contraloría General de la República, la mayoría de los integrantes de la Cámara de Senadores posee un patrimonio que supera a los G. 1.000 millones.
Una suma que asciende a los G. 7.000 millones fue el patrimonio neto declarado por el senador colorado Enrique Bacchetta en el año 2013, antes de tomar posesión de su banca en la Cámara Alta.
La Contraloría General de la República no dispone de las declaraciones juradas del ex diputado colorado José María Ibáñez, de su periodo de parlamentario (2013-2018). Su caso se volvió emblemático cuando se vio obligado a renunciar a su cargo tras reconocer que cometió un delito.
Los primeros datos que emitió la Contraloría General de la República confirma el enorme crecimiento económico de ex presidentes de la República, así como de legisladores y otras autoridades públicas.
El cuestionado ex intendente de la Municipalidad de San Lorenzo Albino Ferrer declaró ante la Contraloría General, en 2015, que contaba con 14 propiedades en San Lorenzo y otras cuatro más fuera de la ciudad. En ese entonces disponía de un patrimonio neto de más de G. 9.000 millones.
De un patrimonio neto declarado en G. 614.822.834 en julio del 2013, meses antes de ingresar a la Cámara Alta como senador nacional por el Partido Encuentro Nacional, el actual ministro de Educación, Eduardo Petta, pasó a tener una fortuna neta de G. 1.251.456.484 para el 2016.
La ciudadanía manifestó su indignación en las redes sociales ante las publicaciones de bienes de los políticos, quienes engrosaron sus billeteras ocupando altos cargos del Estado y dándole la espalda al pueblo en más de una ocasión.